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XALAPA.- La titular de la Fiscalía General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, acordó con su homóloga de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Regina Pérez López, cambiar las prácticas heredadas por su antecesora y coordinarse en materia de Derechos Humanos. De acuerdo con la CEDH, el encuentro tuvo como objetivo dar seguimiento a las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos y establecer una coordinación permanente entre ambas instituciones, con base en una comunicación institucional “efectiva”, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. Las funcionarias coincidieron en que el eje del trabajo conjunto será “respetar la dignidad humana, salvaguardando los derechos de todas las víctimas”, y afirmaron que actuarán “de manera institucional” para obtener resultados conforme a sus atribuciones legales. El acercamiento ocurre después de que, durante su comparecencia ante el Congreso local, Jiménez Aguirre aseguró que su administración dejará atrás la práctica sistemática de rechazar recomendaciones en materia de derechos humanos, conducta que, afirmó, caracterizó la gestión de su antecesora, Verónica Hernández Giadáns. “Tengo un firme compromiso con los Derechos Humanos y el Estado constitucional de derecho, es por ello que desde el momento de mi llegada a la institución me encuentro atendiendo y revisando los términos de las diversas recomendaciones emitidas tanto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como por el organismo local”, aseguró en el documento al que dio lectura durante su comparecencia correspondiente al ejercicio 2025. En ese mismo informe, la titular de la Fiscalía General del Estado reportó la aceptación de tres recomendaciones: “Aceptando en este breve periodo las recomendaciones 143/2025, 142/2025 y 79/2025”, señaló, al indicar que la decisión busca “garantizar a las víctimas justicia y reparación del daño”. A su vez, previo a su ratificación, Pérez López informó al Congreso que la FGE fue la institución con mayor número de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos durante 2025, en un contexto en el que la CEDH emitió un total de 90 recomendaciones. La Ombudsman explicó que 55.6 por ciento de esas recomendaciones fueron aceptadas por las autoridades señaladas como presuntas responsables, mientras que el resto no obtuvo aceptación. “Ante la no aceptación, las víctimas pueden acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, puntualizó, al precisar que 12 expedientes fueron canalizados a ese mecanismo. Las recomendaciones emitidas durante ese periodo se dirigieron a 23 autoridades, de las cuales 12 corresponden a ayuntamientos y 11 a instancias estatales, con señalamientos recurrentes a la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Finanzas y Planeación.
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