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XALAPA.- A través de una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la gobernadora Rocío Nahle y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, entre otros, Gregorio Gómez Martínez, conocido como “Goyo” Gómez, exalcalde de Tihuatlán, denunció persecución política y una cadena de detenciones, traslados y procesos penales que, sostiene, se han sostenido con “tortura y fabricación de pruebas”. El documento difundido por sus familiares, sostiene que no buscan privilegios, “buscamos que sea escuchado y se actúe conforme a la ley”, refiere el texto firmado por el propio Gómez Martínez y difundido por su familia. “No busco privilegios, solo pido JUSTICIA”, reitera. El pronunciamiento ocurrió tras nuevos movimientos judiciales en torno a su caso. Y es que, hace unos días, allegados al exalcalde reportaron su reingreso al penal de Pacho Viejo y cuestionaron decisiones adoptadas sin audiencia, pese a que previamente había pasado a resguardo domiciliario. Los problemas legales iniciaron en abril de 2021, cuando Gómez Martínez era precandidato del PRD a la Alcaldía de Tihuatlán. En aquel momento, fue vinculado a proceso por delitos como posesión de vehículo robado, narcomenudeo y ultrajes a la autoridad. En el documento difundido, Gómez Martínez sostiene que el 7 de abril de 2021 fue sacado con violencia de su negocio de autopartes en Tihuatlán y que quienes se lo llevaron “en realidad eran policías estatales”. Su relato sostiene que el operativo se presentó como un secuestro: “fui secuestrado por un grupo armado”, sostuvo. Según su versión, lo llevaron a un paraje donde fue presionado para declararse integrante de un grupo criminal. “Con un arma en la cabeza se me obligó a disparar con diversas armas”, y agrega que le hicieron escuchar “como encendida una moto sierra, con la que me amenazaban con degollarme, para posteriormente tomarme fotos”. También afirma que, tras escuchar sirenas, elementos estatales lo subieron a una patrulla y le dijeron: “si crees en una segunda oportunidad de vida”. En el mismo tramo, atribuye a un policía de Fuerza Civil la frase: “ya la libraste, busca abogados porque una de tus empleadas subió un video y ya te hiciste famoso”. El escrito describe su traslado al cuartel de la Policía Estatal de Álamo Temapache, el paso por instalaciones ministeriales y su presentación ante personal de la Fiscalía. Refirió que un médico legista observó lesiones y que, al pedir auxilio, recibió una negativa: “el médico me dijo que él no podía hacer nada, que mejor me callara”. Gómez Martínez señaló que después fue presionado para firmar una declaración con una versión distinta de su captura, y que, al negarse, fue golpeado y amenazado: “debía firmar… o me matarían a mí y a mi familia”. En otro pasaje, sostiene que, al intentar denunciar el secuestro ante personal ministerial, recibió más agresiones, mientras un mando le recomendó guardar silencio: “ya mejor quédese callado, para que no le sigan pegando”. La carta también incorpora señalamientos sobre presuntas sustracciones en su negocio tras la detención. Afirma que policías acudieron “no a prestar auxilio, sino solo para robarse las cámaras de seguridad, las computadoras y el dispositivo CPU donde se almacenaba los videos”. Sobre su situación posterior, Gómez Martínez refirió que fue trasladado a penales en Veracruz y luego a un centro federal en Oaxaca. Dice haber estado recluido en el CEFERESO 13 CPS-Oaxaca y que obtuvo su libertad mediante amparo: “siendo liberado por orden de un Juez Federal al concederme un amparo, al establecer que todo había sido una fabricación”. En la cobertura pública del caso se han reportado periodos de prisión y, posteriormente, la variación a resguardo domiciliario en 2025. El escrito sostiene que al salir del penal federal, el 14 de marzo de 2023, le ejecutaron otra orden de aprehensión por un homicidio, y que después se le impusieron nuevas medidas cautelares. También destaca que una exdiputada federal y una secretaria fueron detenidas en esa investigación y posteriormente liberadas mediante amparo, mientras que su hija obtuvo un amparo para anular una orden de captura. En enero de 2026, según su versión, un juez ordenó su reingreso a prisión con el argumento de una fuga de combustible en Tihuatlán, hecho que, afirma, fue desmentido por autoridades de Protección Civil y por Pemex: “la fuga de combustible nunca ocurrió… tanto la Secretaria de Protección Civil, como PEMEX señalaron que eso era falso”. Sobre ese episodio, medios locales reportaron su traslado a Pacho Viejo. El documento agregó que, tras obtener una resolución para volver a su domicilio, fue detenido nuevamente al salir del reclusorio, ahora por una acusación de despojo en Poza Rica, y que se le impuso prisión preventiva pese a que “el despojo no es delito grave”, además de alegar prescripción. En su mensaje público, Gómez Martínez identifica a fiscales y jueces a quienes atribuye un patrón en su caso y solicita revisiones institucionales. Pide, entre otros puntos, una “revisión exhaustiva del actuar” de juzgadores y el “cese a la fabricación de carpetas de investigación”. También solicita audiencia: “Les ruego le otorguen audiencia a mi familia y abogados, para que les lleven los videos y pruebas de todo lo que en este documento se narra”. El escrito fue dirigido, entre otras autoridades, al Ministro Presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, cargo que la propia Corte atribuye a ese ministro para el periodo 2025-2027. También menciona a las presidencias de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados, así como a la titular de la CNDH y a la Fiscalía General de Veracruz. Así las cosas.
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