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Xalapa, Ver.-
La compra de facturas falsas para intentar cumplir con obligaciones fiscales puede generar severas consecuencias legales y administrativas para los contribuyentes, entre ellas penas de prisión de dos a nueve años, así como el bloqueo del sello digital, herramienta indispensable para la operación de cualquier empresa. Estas prácticas, consideradas como simulación de operaciones, son detectadas con relativa facilidad por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que coloca en alto riesgo la continuidad de los negocios que incurren en este tipo de irregularidades. Lo anterior fue dado a conocer por el contador público Saturnino de los Santos Cruz, quien explicó que la autoridad fiscal cuenta con diversos mecanismos para identificar inconsistencias en la contabilidad de los contribuyentes. Afirmó que, una vez detectada una posible irregularidad, el SAT otorga un plazo breve —de hasta cinco días— para que el contribuyente pueda justificar la operación; de lo contrario, las consecuencias son inmediatas y de gran impacto. “Es grave, porque si la autoridad detecta la irregularidad y no se logra justificar, se tienen cinco días para aclarar; de no hacerlo, se bloquea el sello digital, lo que representa prácticamente la muerte de la empresa, además de las consecuencias penales, que pueden ir de dos a nueve años de prisión dependiendo del monto de la factura”, advirtió. De los Santos Cruz destacó que una de las principales recomendaciones es que todas las operaciones facturadas sean reales y comprobables, ya que incluir documentación apócrifa en la contabilidad coloca al contribuyente en una situación de alto riesgo frente a la autoridad fiscal. “Es fundamental que la operación sea real y no la simple compra de una factura, porque el contribuyente estaría en serios problemas al incluir una factura falsa en su contabilidad”, puntualizó. De igual forma, señaló que las facturas falsas suelen presentar características fácilmente identificables, tanto para contadores como para el propio SAT, debido a la falta de evidencia documental que respalde la operación. “La autoridad las detecta con facilidad; a veces, incluso como contadores, nos damos cuenta cuando una factura no reúne los requisitos: son conceptos muy simples y no traen evidencia documental de la operación”, explicó. El especialista señaló que otro de los factores que alertan a la autoridad es la incongruencia entre lo que se factura y la capacidad real del contribuyente para realizar dicha actividad. Como ejemplo, mencionó facturar obras de gran magnitud sin contar con los activos necesarios. “Si un contribuyente factura la construcción de una carretera, pero dentro de sus activos no tiene maquinaria ni equipo que lo respalde, para la autoridad eso es una simulación de operaciones”, aseguró. Por último, de los Santos Cruz hizo un llamado a los contribuyentes a cumplir de manera correcta y transparente con sus obligaciones fiscales, evitando prácticas que, aunque puedan parecer una solución momentánea, representan un grave riesgo legal y financiero. Concluyó que la asesoría profesional y la correcta documentación de las operaciones son fundamentales para prevenir sanciones que pueden derivar no solo en la quiebra de la empresa, sino también en responsabilidades penales. Así las cosas.
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