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Xalapa, Ver.- El pasado 26 de enero la Fiscalía General del Estado logró la vinculación a proceso de tres exfuncionarios de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz por su presunta responsabilidad en un desvío millonario de recursos públicos. Los imputados son Sergio “N”, exrector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV); Víctor de Jesús “N”, exdirector administrativo; y Frida Narayana “N”, exdirectora de Educación Superior y exjefa del Departamento de Servicios Financieros. Hoy se sabe que el declive de la UPAV inició con el cierre de carreras; ya había suspendido programas, limitado inscripciones y modificados criterios académicos sin explicación pública. Durante el segundo semestre de 2025, alumnos y docentes comenzaron a manifestarse en sedes regionales de la UPAV para exigir el restablecimiento de sus registros académicos y el pago de adeudos. Reportes señalaron que la UPAV opera alrededor de 30 licenciaturas y que cada estudiante cubre una cuota aproximada de tres mil pesos por cuatrimestre. Sin embargo, entre los inconformes prevaleció la pregunta sobre el destino de esos recursos, ante la ausencia de información pública desagregada sobre su administración. La crisis académica no se limitó a las bajas en el sistema. En años previos, se documentaron cancelaciones de programas y cambios en los criterios de operación. En julio de 2023, la oficina jurídica de la UPAV notificó que no se autorizaría la apertura de las licenciaturas en Enfermería y en Medicina Veterinaria-Zootecnia en el Centro Educativo de Las Choapas, pese a que había más de mil 200 aspirantes registrados. En el mismo oficio se indicó que la última generación admitida en esos programas había ingresado en 2018. Dichos cierres han afectado trámites como titulaciones, inscripciones y constancias, además de provocar que alumnos de algunas sedes locales deban realizar gestiones directamente en la capital del estado. Directores de sedes regionales denunciaron además que la universidad modificó el número mínimo de alumnos requeridos para abrir grupos, al pasar de 15 a 25 estudiantes, sin que se hiciera público el sustento normativo de esa decisión. Este ajuste afectó tanto a programas de bachillerato como de licenciatura y derivó en la suspensión de grupos completos por baja demanda. Un antecedente fue el cierre de la carrera de Derecho en la sede de Río Medio, Veracruz, donde cerca de 500 estudiantes quedaron sin una explicación institucional formal. Estudiantes afectados señalaron que, además de las bajas, desaparecieron cursos completos ya pagados del portal académico, lo que generó incertidumbre sobre la validez de sus estudios y sus procesos de titulación. Hasta ahora, la UPAV no ha hecho públicas cifras oficiales actualizadas que permitan conocer con precisión el número de alumnos activos, egresados o titulados. A la par de la crisis académica, salieron a la luz irregularidades administrativas y financieras. Autoridades expusieron que el esquema de cobro descentralizado de cuotas facilitó la dispersión y posible desvío de recursos. En comparecencia ante el Congreso local, la secretaria de Educación de Veracruz, Claudia Tello, explicó que en la UPAV muchos directores recibían los pagos de los alumnos directamente en bancos o tiendas de conveniencia y que “muchos no entregan el dinero a la asociación” encargada de administrarlo. El entonces titular de la Secretaría de Educación durante el periodo 2018-2023, Zenyazen Escobar García, rechazó las acusaciones y defendió su gestión al señalar que “no hubo falta de responsabilidades” y que existió “transparencia en el manejo de los recursos”, deslindándose de los señalamientos por presuntos desvíos...Típico.
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