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XALAPA.- En México se registran más de 10 asesinatos de mujeres, niñas y adolescentes cada día. Además, uno de cada cinco feminicidios ocurridos en la última década fue clasificado por las autoridades bajo una categoría distinta, o incluso como una muerte accidental. Esta mala clasificación impide el acceso a la verdad, dilata los procesos y profundiza la impunidad. Aún prevalece una “justicia fallida” en relación a los feminicidios, indica la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, quien dijo que para que los casos sean tomados judicializados y avancen, forzosamente deben tener el acompañamiento de las familias de las víctimas y de agrupaciones civiles. En conferencia de prensa en la que fue presentada la Guía de buenas prácticas en el acompañamiento de casos de violencia feminicida, junto con integrantes de diversas agrupaciones defensoras de derechos de mujeres, señalan que todavía se debe luchar para demostrar que el feminicidio no fue un suicidio y que la víctima “no estaba loca” y que no fue un accidente y además deben enfrentar a ministerios públicos carentes de empatía. En tal sentido, señalan que la justicia para las víctimas de feminicidio no está garantizada por el sistema de justicia. “En la mayoría de los casos, es el resultado de la organización de las familias y del trabajo técnico de las defensoras de derechos humanos, que han tenido que enfrentar un Poder Judicial y fiscalías omisas, investigaciones fallidas y prácticas sistemáticas de revictimización”. Con 18 años de acompañamiento a víctimas de violencia feminicida, el OCNF presentó el documento que “no surge porque el sistema funcione, sino porque falla, y que documenta las rutas que han permitido acceder a la justicia cuando el Estado no investiga con debida diligencia y perspectiva de género". La organización alertó sobre patrones de impunidad que se repiten en distintas entidades del país, entre ellos la pérdida o no levantamiento de pruebas, la ausencia de peritajes con perspectiva de género, la criminalización de las víctimas y la exclusión de agresores cercanos como principales sospechosos. Estas prácticas “no son hechos aislados, sino fallas estructurales del sistema de justicia". Frente a este contexto, las defensoras de derechos humanos han tenido que asumir tareas que corresponden al Estado: elaborar planes de investigación, proponer peritajes independientes, documentar omisiones y vigilar el actuar de fiscalías y tribunales, para evitar que los casos se archiven. La Guía sistematiza la experiencia acumulada en casos acompañados por el OCNF en diversas entidades del país, incluyendo procesos emblemáticos que han permitido sentencias por feminicidio y el reconocimiento de las razones de género. Estos casos demuestran que la justicia es posible, pero solo cuando las familias cuentan con acompañamiento técnico independiente y persistente. El OCNF señala que esta guía surge ante los obstáculos y las graves deficiencias en el sistema de procuración y administración de justicia. Además, a pesar de lograr el reconocimiento de la violencia contra las mujeres y el delito de feminicidio, persiste un patrón de impunidad que se manifiesta en tres niveles críticos: la conducta de los agresores es protegida por un sistema que históricamente ha normalizado la violencia contra las mujeres; persiste la falta de debida diligencia, reflejada en investigaciones lentas y sin rigor técnico, que permiten la pérdida de pruebas fundamentales y la fuga de los responsables y la revictimización que enfrentan las familias y las sobrevivientes de feminicidio, a quienes se responsabiliza del crimen.
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