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XALAPA.- Según datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al menos cinco estados del país, incluido Veracruz, concentraron el delito de extorsión a empresarios, situación que evidencia fallas estructurales en la contención de delito. La organización empresarial, de manera persistente, recordó al gobierno federal que el delito de extorsión se ha convertido en los costos más persistentes y dañinos para la actividad empresarial en México, lo que afecta decisiones de inversión, encarecimiento de la operación cotidiana y limita la capacidad de crecimiento de las empresas. La Coparmex destacó que el año pasado las extorsiones se concentraron en cinco estados, Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz, con el 65.2 por ciento de las víctimas. En 2025, 20 de las 32 entidades registraron un aumento en la variación anual de extorsión, lo que significó que en casi dos tercios del país este delito creció respecto al año previo. Refirió que el delito de extorsión se ha intensificado en otros estados tales como Tlaxcala, con un aumento de 1,300 por ciento; Chiapas, con 364.3 por ciento; Ciudad de México, con 264.4 por ciento; Nayarit, con 171.4 por ciento; Yucatán, con 100 por ciento y; Puebla, con 84.4 por ciento, todos con variaciones de dos y hasta tres dígitos. Los empresarios precisaron que sus mediciones coinciden con los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), en el sentido de que la extorsión se consolida como un delito estructural que continúa expandiéndose y afectando directamente la operación de las empresas, sin mostrar señales de contención efectiva. A su vez, los resultados de DataCoparmex, a través del indicador #MásSeguridad, mostraron que el 46.8 por ciento de las empresas fueron víctima de al menos un delito, siendo la extorsión el segundo delito con mayor número de casos. El 68.8 por ciento de los eventos se realizó vía telefónica y en 31.2 por ciento de las denuncias, el cobro se vinculó con alguna autoridad o personas con apariencia de autoridad, lo que agrava el daño económico y mina la confianza en las instituciones encargadas de garantizar el Estado de derecho. Así las cosas.
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