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XALAPA.- Aunque afirmó que la presunta red de despojo inmobiliario en Xalapa sigue bajo investigación, hasta el momento no hay personas procesadas. Y es que, de acuerdo con la fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, entre los señalados figuran funcionarios en activo del Registro Público de la Propiedad, además de jueces y notarios. Durante su comparecencia ante el Congreso local, la titular de la Fiscalía precisó que existen carpetas de investigación iniciadas por víctimas que denuncian colusión entre jueces, notarios y servidores públicos actuales y pasados del Registro Público, en hechos conocidos públicamente como el “cártel inmobiliario” en Xalapa. “Refieren que hubo colusión entre jueces, notarios y servidores públicos y exservidores públicos del Registro Público (…), se realizarán investigaciones a fondo”, señaló. Jiménez Aguirre explicó que las denuncias se encuentran dispersas en distintas áreas de la Fiscalía. Precisó que una parte corresponde a la Fiscalía Anticorrupción, mientras que otras deben canalizarse a la Fiscalía Especializada en Investigaciones Ministeriales, en particular las relacionadas con notarios. “Por cuanto hace a servidores y ex servidores públicos del Registro Público de la Propiedad, corresponde a la Fiscalía Anticorrupción”, indicó. La fiscal expuso que, tras el análisis de los expedientes, se advierte una misma forma de operar en varias denuncias. “Empezamos a notar que en varias de estas denuncias se advierte una misma forma de actuar para despojar a familias veracruzanas de su patrimonio”, sostuvo. Refirió que se trabaja en identificar patrones, deslindar responsabilidades y ubicar beneficiarios, tanto particulares como servidores públicos, incluidos despachos de abogados. “Todo esto constituye un entramado que tenemos que ir desmenuzando”, afirmó, al señalar que existen señalamientos contra jueces y exjueces, así como contra personal del Registro Público. “De la concatenación de todas y cada una de estas carpetas, sin duda se irá deslindando responsabilidades”, reiteró. Ante los cuestionamientos sobre la posibilidad de sanciones, Jiménez Aguirre aseguró: “Sí puedo garantizar que no habrá impunidad, porque es prioritario preservar el patrimonio de los veracruzanos”. Concluyó que las investigaciones continúan en integración y que ninguna carpeta ha sido archivada. Así las cosas.
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