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XALAPA.- De acuerdo con el presidente de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), Luis Orencio Ramírez Barquero, la violencia contra periodistas en Veracruz comienza en las propias condiciones laborales de los medios de comunicación, donde los bajos salarios y la falta de prestaciones colocan a los reporteros en una situación de vulnerabilidad permanente. Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, el funcionario estatal señaló que la precariedad económica expone a los periodistas a mayores riesgos y facilita las agresiones. “Al periodista se le agrede cuando se le percibe vulnerable, en el límite de la línea de pobreza, sin una red de protección social”, aseguró. El presidente de la CEAPP señaló que en la entidad es común que un reportero trabaje para dos o tres medios al mismo tiempo, combine prensa escrita con plataformas digitales, venda publicidad o busque colaboraciones con medios nacionales, sin que ello garantice ingresos suficientes. En muchos casos, sostuvo, los comunicadores complementan su sustento con actividades ajenas al ejercicio periodístico. “Una parte significativa de los comunicadores subsisten de trabajos distintos a su oficio. Venden productos, emprenden micronegocios y, a manera de guasa, hasta venden mole los domingos”, aseguró, al advertir que esta práctica se ha normalizado como una forma de violencia laboral y estructural contra los comunicadores. Ramírez Baqueiro sostuvo que esta precariedad se agrava por la falta de consecuencias inmediatas frente a las agresiones, lo que mantiene la impunidad, sobre todo a nivel local. “¿Por qué agreden a los periodistas? Porque no hay consecuencias inmediatas a los actos contra los reporteros, porque la impunidad es persistente”, lamentó. Con relación a la incidencia de agresiones, dijo que en 2025 se registró una disminución respecto a los periodos más críticos, aunque aclaró que ello no implica la desaparición del riesgo. Persisten, sostuvo, regiones donde grupos delictivos y poderes locales presionan para imponer agendas informativas o silenciar a periodistas. Refirió que durante 2025 el área de primer contacto de la CEAPP recibió 391 reportes de periodistas de 52 municipios, de los cuales 79 correspondieron a agresiones, entre ellas verbales, físicas, patrimoniales y digitales, incluidas amenazas telefónicas y ataques en redes sociales. Señaló que en muchos casos el origen estuvo en autoridades o corporaciones municipales exhibidas por el trabajo informativo. Ante este escenario, el funcionario afirmó que la Comisión debe transitar de una atención reactiva a una estrategia preventiva que atienda las causas estructurales de la violencia, como la mejora de las condiciones laborales, la formación profesional y la creación de mecanismos de protección social. Señaló que más del 60 por ciento de los apoyos otorgados por la CEAPP en 2025 se destinaron a protección social, principalmente gastos médicos y apoyos económicos para periodistas que no pueden laborar por situaciones de riesgo, lo que refleja el nivel de precariedad del gremio. Concluyó que la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada no pueden garantizarse mientras el periodismo se ejerza en condiciones de fragilidad económica.
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