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Xalapa, Ver.-
Luego de que en el caso del periodista Lafita León, en Coatzacoalcos, la Fiscalía tuvo que recular tras el coscorrón que les dio a nivel nacional la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera, y desdecirse del delito de terrorismo del que había sido acusado inicialmente – lo que incluso llevó a la destitución de la fiscal regional -, la fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, aseguró que ese organismo no persigue a personas, sectores, grupos, ni profesionales, mucho menos a periodistas ni comunicadores. Aunque ni modo que dijera lo contrario. Durante su comparecencia ante las y los diputados del Congreso local, Lisbeth Aurelia expresó que cuando se habla de una orden de aprehensión, ésta es única y exclusivamente un medio de conducción ante un juez por determinados hechos. “El juez es quien precisa justamente en el auto de vinculación a proceso por qué delito se va a proseguir justamente el proceso y en el caso en particular del periodista Rafael «N», quedó muy claro que se le vincula por los delitos contra las instituciones de seguridad pública y encubrimiento por favorecimiento y se le fijó una determinada medida cautelar por la cual este sigue todavía el sujeto al mismo”, refirió. De este modo reiteró que no existe persecución alguna por parte de la Fiscalía en contra de determinados profesionistas o determinado grupo. Dijo que es un juez el que hace la clasificación legal de los hechos por los cuales se le va a vincular a proceso. “No podemos hablar de una persecución sistemática, por el contrario, esta fiscalía respeta sin duda el ejercicio profesional de los periodistas, de los comunicadores, que sin duda son éticos, honorables y que tienen una labor muy respetable para con la sociedad al mantenerlos informados”, sostuvo. Por otro lado, con relación a la detención de tres exfuncionarios de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), la Fiscal afirmó que se les vinculó a proceso por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, tráfico de influencias, abuso de autoridad, peculado e cumplimiento del deber legal. Reiteró que los involucrados fueron el exrector y sus colaboradores más cercanos, pero reveló que hay otros implicados, pero que por la secrecía de la investigación no puede dar a conocer detalles.
Sostuvo que la Fiscalía hará una investigación integral para llegar no solamente a quienes lo ejecutaron, sino también investigarán a quienes de alguna manera tramaron todo este tema en contra de la UPAV. Refirió que la investigación se conduce de una manera integral, no sólo se realiza la ejecución, sino toda esta cadena de decisiones, autorizaciones y omisiones. “Pueden ustedes tener la seguridad de que no va a haber impunidad. El propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece los instrumentos legales para garantizar la inmovilización de cuentas, el embargo precautorio y tengan ustedes la seguridad que se hará uso de estos instrumentos”, concluyó….PAULINO ORTIZ Ruiz, ex presidente del Departamento de Jubilados de las Secciones 10 y 23 del STPRM, fue vinculado a proceso como presunto responsable del delito de robo en perjuicio de la organización que dirigió durante 27 años. Los elementos presentados por la parte acusadora fueron suficientes para que la juez determinara vincularlo a proceso e imponerle a que tiene que acudir durante 4 meses a firmar mientras sigue el proceso. De acuerdo con las investigaciones, se registraron presuntas irregularidades en dos cheques girados, uno por la cantidad de 200 mil pesos y otro por 300 mil pesos, por lo que cual el acusado tiene que presentar pruebas de descargo. Lo que se sabe es que la parte acusadora y la fiscalía podrían relacionarle otras dos carpetas de investigación y la situación se le podría complicar. Hay quienes dicen que Paulino Ortiz no pudo aceptar perder el liderazgo de los jubilados petroleros, por lo que siguió obstaculizando la labor de los directivos de tal forma que ni siquiera llevó una entrega-recepción.
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