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Xalapa, Ver.-
Pese a que ya se registran vulneraciones de seguridad derivadas del registro obligatorio de líneas de telefonía móvil, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados destaca que dicho registro es “un paso esencial en el combate a la extorsión”, y debe continuar. En una tarjeta informativa elaborada por el coordinador de la bancada guinda, Ricardo Monreal, se destaca que en México existen unas 158 millones de líneas de telefonía celular, por lo que ante el incremento de delitos como la extorsión y el fraude realizados a través de esos medios, se determinó llevar a cabo un registro de los mismos. De esta forma, se permite que cada línea esté asociada a un usuario “real y verificable” y de esta forma eliminar el anonimato que permite usar los celulares para cometer ilícitos. Así, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó el 8 de diciembre pasado los Lineamientos para la Identificación de las Líneas Móviles. Monreal admite que recientemente “algunos usuarios de telefonía móvil encontraron debilidades que podrían poner en riesgo información sensible de las personas, por lo que se expusieron dudas respecto a la seguridad informática” y la posibilidad de una suplantación de información. Aunque el tema se volvió “mediático”, indicó el legislador, “la empresa señalada explicó que solo se trató de una saturación. Por otro lado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inició una investigación para identificar las irregularidades relacionadas con la presunta filtración de datos personales durante el inicio de operaciones del registro”. Por lo anterior, el coordinador de los diputados morenistas recalcó que “pese a las dificultades que se han presentado recientemente, y que incluyen una posible vulneración de los datos personales, las autoridades poseen las facultades de investigación y sanción al respecto. En caso de comprobarse alguna irregularidad, existe la arquitectura institucional para corregir estas fallas”. Por otro lado, recuerda que el resguardo de los datos personales de los usuarios no está a cargo del Estado, sino de las empresas telefónicas, “lo que no significa que las autoridades renuncien a su responsabilidad de supervisar la protección y el cumplimiento de los derechos en torno a esos datos personales” ...Para ser más claros el gobierno ya se lavó las manos.
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