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Xalapa, Ver.-
Aunque con voto dividido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional que contra los “superpoderes” de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, para nombrar a altos cargos del instituto sin pasar por la aprobación del consejo general. La mayoría de los ministros consideraron que esta controversia es de carácter electoral, por lo que la rechazaron sin entrar directamente al fondo del asunto. Con seis votos a favor y tres en contra, la Corte sepultó en definitiva este tema, presentado en 2024 por la entonces secretaria ejecutiva del INE, a petición de consejeros electorales. Los ministros subrayaron que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 105 de la Constitución, la cual impide a la SCJN conocer, a través de controversias constitucionales, impugnaciones contra normas generales en materia electoral. La controversia constitucional impugnó los artículos 45 y 48, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, modificada por el Congreso de la Unión para darle facultades a la presidenta del INE para designar a los altos funcionarios del Instituto, sin necesidad de alcanzar acuerdos con el resto de los consejeros electorales. Sin embargo, el ministro Giovanni Figueroa advirtió que la controversia sí debía analizarse, porque no era exclusivamente de carácter electoral, pues se trata de la regulación de la vida interna del organismo electoral. “Reconocer que el Congreso puede intervenir sin control constitucional alguno en la forma en que un órgano constitucional autónomo organiza su vida interna, supone vaciar de contenido la autonomía que la Constitución le reconoce, reduciéndola a una declaración meramente formal y carente de eficacia jurídica. La autonomía no es solo para actos electorales, sino también la potestad de decidir sin injerencias externas como se integra su aparato administrativo”, afirmó. Al votar el tema, los ministros María Estela Ríos, Yasmín Esquivel Mossa, Sara Irene Herrerías, Hugo Aguilar, Arístides Guerrero e Irving Espinoza votaron a favor de sobreseer la controversia; mientras que los ministros Giovanni Figueroa, Lenia Batres y Loretta Ortiz votaron por estudiar el fondo de la misma, pero quedaron en minoría. La ministra Batres consideró que las normas impugnadas no regulan aspectos específicos que tengan que ver con el proceso electoral, sino aspectos administrativos y organizacionales del órgano electoral, particularmente referidos a la distribución de funciones y facultades en su estructura orgánica.
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