De Veracruz al mundo
Ante falta de avances de la FGE, CNB atrae caso de Karime y Wendy y difunde fichas nacionales; Secretaría Anticorrupción veta a empresa veracruzana Eyasa por 15 meses, periodo en el cual no podrá recibir contratos públicos.
Martes 13 de Enero de 2026
Por: REDACCION GOBERNANTES
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XALAPA.- Ante la falta de resultados de la Fiscalía General del Estado, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) atrajo el caso de Karime Monserrat Murrieta Reséndiz y Wendy Arantxa Portilla Ramos, las dos jóvenes vistas por última vez tras asistir al sepelio del periodista asesinado, Carlos Leonardo Ramírez Castro, en Poza Rica. Pese a la gravedad del caso, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha emitido informes oficiales sobre los avances en la investigación. La CNB inició este día una campaña intensiva de difusión de fichas técnicas para agilizar la localización de ambas jóvenes a nivel nacional. De acuerdo con los reportes de búsqueda, las jóvenes desaparecidas son: Karime Monserrat Murrieta Reséndiz (22 años): Originaria de Morelia, Michoacán. Cuenta con diversos tatuajes como señas particulares. Al momento de su desaparición vestía un vestido corto de algodón color negro, cuello redondo y talla mediana. Ficha nacional de Karime Wendy Arantxa Portilla Ramos (23 años): Originaria de Poza Rica. Tiene tatuajes visibles en los brazos. Vestía blusa negra de algodón, pantalón de mezclilla azul y tenis marca Nike color amarillo pálido. Ficha nacional de Wendy. La desaparición de ambas mujeres ocurre en un contexto crítico para la región, luego del asesinato del periodista Carlos Leonardo Ramírez Castro, perpetrado el pasado 8 de enero. El crimen del comunicador no solo ha movilizado a las autoridades federales, sino que también provocó el pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, organismo que expresó su consternación y exigió justicia para el periodista…. LUEGO DE una sanción impuesta por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno la empresa veracruzana Eyasa quedó impedida de recibir contratos públicos durante un periodo de 15 meses. La resolución fue emitida a través de la Unidad de Contrataciones Públicas y quedó formalizada mediante una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), como resultado del procedimiento administrativo identificado con el expediente SAN/021/2025. El documento oficial establece que, a partir del día siguiente de su publicación en el DOF y de su inscripción en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, ninguna dependencia federal, estatal o municipal podrá recibir propuestas ni adjudicar contratos a Eyasa, ya sea de manera directa o mediante terceros, durante el plazo de la sanción. La circular advierte que, en caso de que al concluir los 15 meses la empresa no cubra la multa económica impuesta como parte del procedimiento, la inhabilitación continuará vigente hasta que se realice el pago correspondiente, conforme a lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La resolución precisa que la sanción no implica la cancelación de contratos que hayan sido adjudicados y formalizados con anterioridad, los cuales deberán continuar su ejecución en los términos establecidos por la normatividad aplicable. La disposición es de observancia obligatoria para dependencias federales, gobiernos estatales, ayuntamientos y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en todos los procesos de contratación relacionados con obra pública. La circular fue firmada el 18 de diciembre de 2025 y publicada el 29 de diciembre del mismo año en el DOF, fecha a partir de la cual comenzaron a surtir efectos las restricciones impuestas a la empresa Eyasa, S. de R.L. de C.V.. En el ámbito estatal, Eyasa mantuvo actividad contractual en Veracruz. Durante el 2025 obtuvo un contrato otorgado por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) para el mantenimiento del camino Misantla–El Porvenir, del kilómetro 0+000 al 16+723, en distintos municipios de la entidad. Eyasa también obtuvo contratos con la Fiscalía General del Estado y con el Ayuntamiento de Xalapa, de acuerdo con registros oficiales de contratación pública, lo que amplía el alcance de la inhabilitación al impedir nuevas adjudicaciones mientras se mantenga vigente la sanción impuesta por la autoridad federal.

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