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XALAPA.- El Congreso del Estado concluyó este martes las entrevistas a las 12 personas aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), quienes comparecieron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables. La pasarela incluyó a la exsecretaria del Trabajo en el gobierno de Cuitláhuac García – el peor gobernador de la historia de Veracruz -, Guadalupe Argüelles Lozano, así como a la actual encargada de despacho del organismo, Minerva Pérez López, jueces, exvisitadores y abogados con experiencia en casos de alto impacto. El primero en abrir la ronda fue David Quitano Díaz, quien ofreció una exposición centrada en su formación académica y trayectoria profesional. Dijo contar con estudios en Derecho, economía, políticas públicas y gobierno, además de un posdoctorado en la Universidad de Bolonia. Aclaró que su aspiración no obedece a la búsqueda de un cargo, sino a un ofrecimiento de servicio. “No vengo, digamos, en busca de un trabajo sino vengo a ofrecer un servicio profesional, humano, técnico”, expresó. Planteó un proyecto basado en la dignidad, la cercanía con las víctimas y la atención prioritaria a personas migrantes y con discapacidad, y sostuvo que la CEDH debe actuar como un órgano autónomo que coadyuve con las autoridades sin subordinación. Hugo Castillo Ortega destacó una trayectoria de más de 15 años en los poderes Judicial y Ejecutivo, así como en organismos autónomos, y recordó su paso por la propia comisión en funciones administrativas. Señaló que concibe los derechos humanos desde un enfoque integral. En su proyecto incluyó capacitación, atención a víctimas, memoria y no repetición, así como la incorporación de derechos digitales. “Nunca va diciendo una persona ‘me violaron mis derechos de primera o segunda generación’, porque estos son materiales académicos”, dijo al responder sobre clasificaciones doctrinales. Minerva Regina Pérez López, encargada de despacho de la presidencia del organismo, destacó su experiencia de más de una década dentro de la comisión y su conocimiento de los procesos internos. Afirmó que su plan busca consolidar a la institución y fortalecer la calidad técnica de las resoluciones. Definió a la CEDH como un órgano cuasi jurisdiccional y defendió que se mantenga la restricción legal para emitir interpretaciones constitucionales. “La atribución de realizar esa interpretación es de los tribunales jurisdiccionales”, señaló, al advertir sobre posibles contradicciones de criterios. Manuel Galeana Morales se presentó como juez penal con más de 15 años de servicio y sostuvo que, desde esa función, ha sido garante de los derechos de víctimas e imputados. Relató su participación en un proceso electoral del Poder Judicial Federal cuya constancia de mayoría fue revocada días antes de asumir el cargo. Durante su comparecencia afirmó que el incremento de quejas contra autoridades refleja un problema de difusión. “Los veracruzanos no saben qué es la Comisión Estatal, para qué sirve”, dijo, y propuso reforzar la presencia institucional y el uso de tecnologías. Félix Manuel Méndez García, con más de tres décadas de trayectoria en el Poder Judicial, expuso los límites de actuación entre los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, y sostuvo que la claridad en esas competencias es clave para fortalecer la legitimidad de la comisión. Eduardo Antonio Aparicio Sarquis afirmó conocer la comisión “desde sus entrañas” por su paso como visitador adjunto y por haber impulsado la creación de la unidad de primer contacto. Sostuvo que la función central del organismo es visibilizar las violaciones a derechos humanos, se acrediten o no. “En una recomendación se le está dando voz, nombre a las víctimas directas e indirectas para que el Estado sepa qué ha hecho mal”, expresó, al insistir en que la labor principal es acompañar a quienes acuden a la institución. Diego Iván Zavaleta García, quien se identificó como uno de los aspirantes más jóvenes, señaló que la edad no debe verse como una desventaja. Expuso experiencia en responsabilidades administrativas, transparencia y trabajo con organizaciones civiles, y afirmó que su propuesta busca transitar de un modelo reactivo a uno preventivo. “Concibo los derechos humanos como límites jurídicos que obligan a toda autoridad”, sostuvo, al señalar que la presidencia debe emitir recomendaciones y medidas cautelares para garantizar la no repetición. Jaime Ronzón Ortiz, abogado litigante y docente, centró su intervención en la atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como en la brecha entre las leyes y su cumplimiento. “Mientras nosotros estamos aquí sentados hoy en este momento, varias personas, varias víctimas no les están haciendo justicia”, aseguró. Al responder sobre discapacidad, señaló que el reto es que las normas se apliquen y se visibilice a las personas para erradicar prácticas discriminatorias. Juan David Ovando Aguilar puso el acento en la discapacidad y en los estándares internacionales. Refirió que una pérdida auditiva derivada de negligencia médica marcó su vocación y sostuvo que la fuerza de la CEDH no está en la confrontación, sino en la investigación y el seguimiento. “Nunca en la historia de ninguna Comisión Estatal de Derechos Humanos en todo México… una persona con discapacidad ha presidido una comisión”, dijo, al pedir que su postulación sea vista como un paso hacia la inclusión en espacios de decisión. María Andrea García Zavaleta, con más de 30 años en el Poder Judicial, afirmó que su experiencia como jueza puede contribuir a la prevención de violaciones y a la reparación del daño. Sobre el incumplimiento de recomendaciones, sostuvo que, aunque no son coercitivas, debe impulsarse un sistema de seguimiento y visibilización. “Las autoridades están obligadas a respetar y proteger los derechos humanos en el ámbito de sus competencias”, señaló, al referirse a la reforma constitucional de 2011. Gerardo Veneroso Barrientos relató su participación en casos de alto impacto y propuso abrir canales directos de contacto con la ciudadanía para acercar la comisión. Reconoció no conocer el caso Radilla Pacheco, pero expuso su intervención en la defensa del cantante Gibrán Martiz, asesinado por policías estatales. La ronda cerró con María Guadalupe Argüelles Lozano, exsecretaria del Trabajo durante la administración de Cuitláhuac García. Afirmó que su experiencia en la administración pública le permite comprender la relación entre autoridades y derechos humanos, y sostuvo que la comisión debe mantener autonomía y cercanía con las víctimas. “La defensa de los derechos humanos exige conocimiento del Estado y, al mismo tiempo, independencia frente a él”, concluyó.
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