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XALAPA.- Al señalar que cualquier intento de revertir o anular las elecciones generales de noviembre de 2025 podría acarrear graves consecuencias para Honduras, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una advertencia contundente ayer sábado sobre la crisis política en el país centroamericano. La declaración se registró en un contexto de elevada tensión tras los comicios celebrados el pasado 30 de noviembre, donde más de 3.8 millones de hondureños acudieron a las urnas para elegir presidente, sin que hasta la fecha exista un ganador oficialmente reconocido por todos los sectores involucrados. A través de su cuenta oficial en la red social X, la oficina diplomática estadounidense destacó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras ya realizó una certificación inicial de resultados, aunque estos no han sido publicados de forma definitiva debido a retrasos y obstáculos en el proceso de recuento de votos. El mensaje destacó que la voluntad expresada en las urnas debe respetarse y que cualquier llamado a perturbar el orden público o influir en el trabajo del CNE tendrá consecuencias. Pese a la falta de detalles específicos sobre qué tipo de sanciones o repercusiones podrían aplicarse, la advertencia estadounidense refleja una creciente preocupación por la estabilidad política y la transparencia del proceso electoral hondureño. Washington ha pedido que el proceso especial de escrutinio se inicie “inmediatamente” para clarificar los resultados y avanzar hacia una resolución institucional del conflicto. La elección presidencial hondureña ha estado marcada por irregularidades en la publicación de resultados desde el mismo día de la votación. Informes indican que la plataforma que mostraba el conteo quedó estancada en torno al 80% de los votos y que el CNE enfrentó diversos problemas técnicos y administrativos, que han impedido completar el cómputo general. Este estancamiento ha alimentado acusaciones de fraude y presiones desde distintos sectores políticos. Algunos líderes opositores han denunciado supuestos intentos de manipular el proceso o influir en la voluntad popular, mientras que autoridades electorales sostienen que los retrasos se deben a fallas logísticas y administrativas. En medio de la incertidumbre, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, ha calificado la situación como una “amenaza” para el orden constitucional y ha denunciado lo que llama intentos de “coup electoral” y de violación de la voluntad popular. Castro afirmó anteriormente que se estaban gestando acciones para alterar los resultados a favor de determinados intereses políticos, lo que ha generado aún más tensión en la sociedad hondureña. En forma paralela, otros actores políticos y organizaciones han enviado mensajes mixtos. Por un lado, existen llamados a respetar la institucionalidad y permitir que el CNE concluya su trabajo sin interferencias externas o internas; por otro, aparecen voces que critican la intervención diplomática de Estados Unidos, considerándola una forma de presión política que podría influir en los resultados o la percepción pública del proceso. La advertencia de Estados Unidos se produce en un contexto regional donde la estabilidad democrática es objeto de atención no solo por parte del gobierno norteamericano, sino también de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y misiones de observación electoral. Estas entidades han instado a las partes involucradas a actuar con responsabilidad y dentro de los marcos legales existentes para evitar confrontaciones que puedan desestabilizar al país. El llamado estadounidense a respetar la voluntad de los votantes prevalece como un mensaje central: la estabilidad política, el respeto por los procesos electorales y la protección de los mecanismos democráticos son elementos fundamentales no solo para Honduras, sino para toda la región. Mientras tanto, la situación electoral sigue en desarrollo. La mirada de la comunidad internacional, y en particular de Estados Unidos, permanece atenta a los pasos que den las autoridades hondureñas para avanzar hacia la claridad de los resultados oficiales y evitar un deterioro mayor de la confianza pública en las instituciones democráticas. Así las cosas.
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