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Xalapa, Ver.-
Fuerzas federales realizaron un cateo mediante un operativo coordinado en el que se aseguró armamento y siete aeronaves, en los municipios de Medellín de Bravo y Tierra Blanca, en el estado de Veracruz. A través de un comunicado del Gobierno Federal, se informó que este martes 6 de enero elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Fiscalía y Policía Estatal, catearon un inmueble en el municipio de Medellín de Bravo utilizado como helipuerto. En el lugar detuvieron a una persona y aseguraron seis aeronaves de ala rotativa, una aeronave de ala fija, un fuselaje y un vehículo, además de tres armas cortas, tres cargadores y 45 cartuchos. Mientras tanto, en el municipio de Tierra Blanca se informó que fue cateado un inmueble donde se aseguraron cuatro armas largas, 13 cargadores, 21 cartuchos, cuatro equipos de radiocomunicación, nueve chalecos tácticos, equipo táctico y un vehículo….UN SUJETO identificado como Daniel “N” fue enviado a prisión preventiva señalado por su presunta participación en una red de extorsión con presuntos vínculos dentro del centro penitenciario federal de Villa Aldama. La decisión fue tomada luego de una audiencia inicial en la que la autoridad judicial consideró suficientes los elementos presentados por la Fiscalía para mantener al imputado privado de la libertad mientras avanza el proceso penal. El imputado, identificado como Daniel “N”, laboraba como personal de limpieza en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) ubicado en el municipio de Villa Aldama. De acuerdo con la investigación, habría intentado introducir de manera irregular un teléfono celular al interior del penal, un hecho que encendió las alertas de las autoridades. La indagatoria fue encabezada por la Fiscalía General del Estado, a través de su Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión. Con base en la carpeta de investigación, este intento no fue un hecho aislado, sino parte de una serie de movimientos considerados irregulares y presuntamente relacionados con actividades de extorsión. Durante la audiencia, el Ministerio Público mostró datos de prueba que apuntan a la existencia de comunicaciones no autorizadas desde el interior del penal, las cuales habrían sido utilizadas para intimidar o exigir pagos a víctimas externas. Aunque la investigación continúa, las autoridades señalaron que el intento de ingresar un dispositivo móvil fue clave para descubrir el posible esquema delictivo. El juez de control determinó imponer la medida cautelar más severa, al considerar que existía riesgo de obstrucción de la justicia y de reiteración del delito. La prisión preventiva justificada fue dictada dentro del proceso penal 2/2026, mientras se desarrollan las siguientes etapas del procedimiento. La Unidad Especializada informó que continúa analizando otras posibles conexiones y no descartó nuevas imputaciones conforme avance la investigación. Fuentes oficiales señalaron que este caso se inscribe dentro de los esfuerzos por frenar la extorsión que se origina en centros penitenciarios, una práctica que ha generado preocupación en distintas regiones del país. De hecho, este resultado fue presentado como un avance concreto de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por el Gobierno de México, la cual busca fortalecer la coordinación entre fuerzas estatales y federales para cortar de raíz este tipo de delitos. Sin embargo, el caso de Villa Aldama deja en evidencia los riesgos de corrupción y complicidad que persisten dentro del sistema penitenciario. Así las cosas.
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