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Xalapa, Ver.-
En las cárceles de Veracruz se encuentran al menos 635 mujeres, las cuales representan solo el 7.47% de la población penitenciaria total, pero enfrentan condiciones graves de insalubridad, violencia sexual y aislamiento indebido. Reportes independientes destacan un "agujero negro" de abusos que el sistema penitenciario estatal ignora pese a promesas oficiales de mejora. Estas vulnerabilidades violan derechos humanos básicos y obstaculizan cualquier proceso de reinserción social. Veracruz alberga a reclusas en centros como los de Papantla, Xalapa y Coatzacoalcos, donde el hacinamiento general alcanza niveles críticos con más de 8 mil personas privadas de libertad en 17 instalaciones. Aunque las cifras varían, la minoría femenina sufre espacios inadecuados sin áreas para cocina, comedor o talleres específicos. Muchas conviven con hijos menores, agravando la falta de higiene y atención médica. Tan solo entre 2020 y el primer semestre de 2025, 45 mujeres embarazadas han estado recluidas en los centros penitenciarios de Veracruz, según datos de la autoridad estatal. De esos 45 embarazos, 43 llegaron a su conclusión. El documento de transparencia no aclara si los partos ocurrieron dentro o fuera de los centros, ni si hubo complicaciones médicas. Tampoco se detalla si hubo traslados hospitalarios, protocolos o seguimientos posteriores. El dato existe como resultado final: la gestación terminó. El informe incluye una respuesta sobre la situación civil: las 45 mujeres embarazadas reportadas tienen pareja o están casadas. No se aclara si se trata de un estado civil legal, de una relación previa reconocida por la autoridad o de una categoría administrativa utilizada por el sistema penitenciario. Solo dos mujeres ingresaron ya embarazadas. En los 43 casos restantes, el embarazo comenzó durante la estancia en prisión. Ninguna de las mujeres embarazadas fue clasificada como indígena. El informe no explica los criterios utilizados para esta identificación ni si se trata de un registro administrativo. En ese tenor, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado deficiencias, como dormitorios deteriorados y ausencia de personal médico suficiente. En revisiones previas, se identificaron violaciones sistemáticas a los derechos de género en penales veracruzanos, sin avances significativos en años recientes. Las agresiones sexuales representan una amenaza constante, con casos confirmados que involucran a custodios y otros internos, según expertos en materia penitenciaria. El aislamiento indebido y la segregación arbitraria agravan el sufrimiento psicológico, dejando a las mujeres en condiciones de "infierno diario" pese a su baja proporción poblacional. Las prácticas contradicen estándares constitucionales de separación por género y trato digno. Medios locales describen entornos insalubres con plagas, alimentación deficiente y falta de productos higiénicos básicos, lo que expone a enfermedades crónicas sin atención oportuna. La burocracia prefiere omitir estos problemas, incluso ante quejas formales ante la CNDH. Las internas tienen derecho a ejercer su maternidad libre de discriminación, con acceso a información reproductiva y separación gradual de hijos, pero la realidad es opuesta. Lo anterior, a pesar de que normas nacionales exigen acciones afirmativas para igualdad en educación, trabajo y salud, incluyendo libertad de orientación sexual sin estigmas. De acuerdo con diagnósticos de la CNDH, en Veracruz, la ausencia de locutorios, talleres y actividades recreativas impide su desarrollo personal y familiar. Los expertos urgen enfoques feministas e interculturales para revertir desigualdades estructurales, como cómputo de tiempo en prisión preventiva y acceso a sentencias rápidas. Sin embargo, el rezago judicial prolonga estancias injustas, afectando particularmente a mujeres de origen indígena o con discapacidades. A su vez, activistas han destacado la necesidad de becas para reinserción post-prisión y cartillas de derechos accesibles. Además, la población reclusa femenina demanda transparencia sobre su situación jurídica y ejecución de beneficios como libertad anticipada.
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