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XALAPA.- El nuevo órgano de administración Judicial del Poder Judicial de la Federación enfrenta su primer desafío, una campaña negra para desprestigiar los procedimientos que decidió emprender para evitar, entre otros, contratos con sobreprecios o mantenimientos que se cobraban, pero que no se realizaban, que iban desde lápices a 50 pesos la unidad hasta pagos a empresas de seguridad por guardias que sólo se presentaban a pasar lista y no se quedaban a resguardar las instalaciones de este poder. Las reformas al Poder Judicial de la Federación de 2024 se hicieron muy conocidas por la idea de elegir en urnas a jueces, magistrados y ministros, pero también contenía un cambio radical en la parte administrativa al separarla de la parte sustantiva. El Órgano de Administración Judicial se pensó, justamente, para evitar que temas como contrataciones, compras y la vigilancia presupuestal estuviera en manos de quienes ejercen simultáneamente de administradores de justicia. El Órgano de Administración Judicial empezó este fin de año por revisar contratos que presentaban claros sobreprecios y costos muy por encima del mercado. Lo que estaba detrás de esta acción, de acuerdo a información recopilada por Crónica, ha sido evitar que las compras, los servicios y los mantenimientos del Poder Judicial se paguen a altos precios debido a “moches” o componendas que, en un esquema opaco como el que rigió antes de la reforma judicial, pudieron haber proliferado. Particularmente la compra de insumos de oficina, en verdad desde lápices hasta repuestos informáticos, artículos de limpieza, pagados con claros sobreprecios, señaló el camino a seguir. Las licitaciones están actualmente difundidas en la página web de este órgano y los procedimientos corresponden ya a lo que mandata la ley, es decir, buscar el mejor precio del mercado para el uso de los recursos públicos sin sacrificar la calidad de los productos y servicios. Curiosamente, además de estas licitaciones que buscan evitar sobreprecios, el tema de la seguridad ha desatado protestas por empresas contratadas todavía por el extinto Consejo de la Judicatura Federal y que terminan sus servicios este fin de año. De acuerdo a la información recabada por Crónica, la práctica más común en este caso era que los guardias se presentaran a pasar lista a las instalaciones y que no se quedaran a hacer la vigilancia de la instalación federal, llegando incluso a usarse el mismo elemento para pasar lista en varias instalaciones. Las empresas interesadas en los contratos han sido notificadas además de que las penalizaciones (multas en el contrato que significan menos pago para el prestador de servicios) se harán efectivas y que eso no puede esquivarse a través de administradores locales de cada instalación. Durante la elección judicial, abiertamente se habló de que este Poder del Estado mexicano estaba cayendo en prácticas endógenas en las que todo se resolvía a lo interno y sin vigilancia (a dónde se designa un juez, cómo se hacen las sentencias), pero no menos relevante resultaba el hecho de que la broma interna más conocida era que no se le llamaba Poder Judicial, sino Poder Familiar de la Federación, por lo difundido que estaban los arreglos familiares y de amigos en temas sustantivos y también en el uso del presupuesto.
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