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XALAPA.- La elección de 2025 para elegir jueces y magistrados por voto popular, una figura inédita en México y el mundo, ha dejado al descubierto un conjunto de desafíos técnicos, normativos e institucionales que podrían comprometer su legitimidad si no se atienden antes del próximo ciclo electoral en 2027. En principio, consejeros y magistrados electorales plantean que la contienda de jueces no debería realizarse el mismo día que la elección de los otros poderes porque ese año no sólo habrá renovación de la Cámara de Diputados, sino además en las 32 entidades federativas, incluidas 14 gubernaturas. Y por lo demás, el reto de organización sería mayúsculo para las autoridades electorales y se abonaría al hartazgo ciudadano, consideran. Ante ello sugieren cambios legales y logísticos, a fin de motivar a los votantes, pues en la primera elección judicial sólo sufragó 13 por ciento del padrón y se registró un alud de impugnaciones en contra de todas las etapas del proceso extraordinario, precisamente por los yerros del marco normativo. Felipe de la Mata, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ponente en proyectos de sentencia medulares de esta nueva elección, impulsó la realización de la misma bajo el argumento de que el mandato constitucional debía cumplirse obligadamente, pero al mismo tiempo apuntando críticas a la confección original. “El tribunal entrega buenas cuentas a la ciudadanía porque la misión se completó; no había un punto de referencia en el mundo para una elección de este tamaño y de esta complejidad tratándose de cargos judiciales”. En entrevista comenta: “Se hizo teniendo muchas cosas en contra, teniendo una legislación sumamente imperfecta, vacíos y huecos constantes que lo único que hacían era poner en evidencia que las personas que la redactaron no conocen el derecho electoral”. Lamentó, sin embargo, que se haya trasladado de esa manera la responsabilidad de las decisiones al Instituto Nacional Electoral y al TEPJF, cuyos integrantes fueron avanzando como pudieron, sin tener un punto de referencia nacional o internacional. Igualmente, frente a la oposición de “buena parte” de la opinión jurídica mexicana, porque muchos de los jueces y magistrados iban a perder su carrera judicial, su proyecto de vida, así como a integrantes de barras de abogados y universidades. Entre las fallas de la norma ocurridas en la votación pasada. “Hubo muchísimas; tendríamos que escribir un libro al respecto. Por ejemplo, fue pésima idea crear tres comités de evaluación y cada uno con sus propias reglas de idoneidad (de aspirantes a candidatos); también fue pésima idea la tómbola porque no le dio certeza a nadie y generó la idea de que jueces y magistrados iban a ser seleccionados por el azar y no por méritos. Quizá hubiera sido razonable que a los candidatos les aplicaran un examen en la Escuela de Formación Judicial y, con base en ello, pasaran a la siguiente ronda los que tuvieran cierto puntaje”. “Otro punto fue el tema de la elaboración de las boletas inéditas; se hizo lo que se pudo con lo que había”.
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