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XALAPA.- Luego de permanecer detenido desde la víspera de Navidad, el reportero de nota roja Rafael León Segovia, conocido como "Lafita León", abandonó el Cereso Regional de Coatzacoalcos para continuar su proceso legal bajo la medida de arraigo domiciliario por el periodo de un año. La decisión fue tomada por el juez José Guadalupe Nucamendi Albores, titular del Juzgado Primero de Primera Instancia, luego de una audiencia que se prolongó por más de siete horas en el Centro Integral de Justicia. La resolución judicial representó un revés para la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que el juez determinó que no se acreditaron los elementos para el delito de terrorismo. Al caerse esta imputación, la prisión preventiva oficiosa quedó anulada. Sin embargo, el comunicador fue vinculado a proceso por dos delitos menores de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública. Al respecto, el abogado defensor, Julio de Jesús Sibaja, aseguró que el siguiente paso será buscar el amparo de la justicia federal para eliminar estas dos vinculaciones restantes. Señaló que, por ahora, la prioridad es la salud de León Segovia, quien se reporta delicado tras los días en reclusión. Al salir de la audiencia, entre lágrimas de alivio, "Lafita León" agradeció el apego a la ley del juez, pero lanzó fuertes acusaciones contra la fiscal del caso y los agentes ministeriales que lo detuvieron el pasado 24 de diciembre frente a su domicilio. El reportero denunció que los agentes no se identificaron, le negaron el derecho a una llamada telefónica y lo expusieron ante fuerzas federales (Ejército y Marina) para una "exhibición mediática". De igual forma, León Segovia sostuvo que portaba 43 mil pesos al momento de su captura. Acusó directamente a una comandante de la ministerial de sustraer el dinero; tras la presión de su hijo, solo le fueron devueltos 20 mil pesos. El comunicador calificó su caso como un acto de persecución derivado de su labor profesional y afirmó que la Fiscalía utiliza sistemáticamente el cargo de terrorismo como herramienta de presión. Rafael León Segovia fue detenido bajo el expediente penal COA-718/2025. Aunque el Ministerio Público solicitó que permaneciera en prisión bajo la figura de prisión preventiva justificada, la defensa logró desvirtuar la necesidad de esta medida, obteniendo el resguardo domiciliario. Sobre su retorno a las actividades periodísticas, su equipo legal informó que es un tema que se analizará posteriormente, enfocándose de inmediato en su recuperación física y en el cumplimiento de las restricciones impuestas por el juez….AUNQUE GUARDÓ silencio sobre el delito de terrorismo del que fue acusado inicialmente, la Fiscal General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó que fue impuesta la medida cautelar de resguardo domiciliario por el lapso de un año al periodista de Coatzacoalcos Rafael “N”, conforme a lo establecido en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A través de un mensaje emitido desde las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Fiscal precisó que al comunicador se le dictó auto de vinculación a proceso, única y exclusivamente, por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos cometidos en contra de las instituciones de seguridad pública, por los cuales continuará el proceso penal correspondiente. La titular de la FGE explicó que, en estricta observancia de la ley y con apego al principio de buena fe que rige la investigación de los delitos, tras la ejecución de una orden de aprehensión emitida por un Juez de Control del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, la Fiscalía formuló imputación y solicitó la vinculación a proceso en contra de Rafael “N”, sustentando dicha solicitud en los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación. La funcionaria refirió que la audiencia inicial se llevó a cabo el 24 de diciembre del presente año, y que este martes 30 de diciembre se dio continuidad a la misma, en la que el Juez de Control, tras escuchar los argumentos de la defensa y valorar los datos de prueba presentados por la Fiscalía, determinó dictar el auto de vinculación a proceso, atendiendo a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Como resultado de dicha resolución judicial, se impuso al imputado la medida cautelar de resguardo domiciliario por el periodo de un año, dentro de los plazos y momentos procesales previstos por la ley. La Fiscal General presumió que la Fiscalía General del Estado de Veracruz actúa con absoluto respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, garantizando en todo momento el debido proceso, conduciéndose con objetividad, profesionalismo y bajo el control jurisdiccional correspondiente. En ese tenor, reiteró su compromiso de realizar investigaciones profesionales, transparentes y sin distinción alguna, en estricto apego a la legalidad. Por último, la Fiscal General señaló que se continuará informando a la opinión pública conforme avance el proceso, respetando en todo momento los tiempos y disposiciones legales.
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