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XALAPA.- México lidera en América Latina las muertes por contaminación del aire, atribuibles a la quema de combustibles fósiles por lo cual senadores impulsan una reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, parea obligar a las dependencias y entidades públicas a cambiar sus flotillas por vehículos cero emisiones a fin de frenarla contaminación, proteger la salud pública y avanzar hacia una movilidad sustentable desde el propio Estado. Ante ello, la senadora del PVEM, María del Rocío Corona Nakamura propuso que en los procesos de contratación pública se incorpore de manera obligatoria criterios de sostenibilidad en la compra o arrendamiento de vehículos, privilegiando aquellos que garanticen cero o bajas emisiones. Destaca señaló uno de los principales retos ambientales del país es el crecimiento acelerado del parque vehicular, que supera los 58 millones de vehículos motorizados, lo que genera altos niveles de contaminación, congestión vial y pérdida de tiempo en las ciudades. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), México ocupa el primer lugar en América Latina por muertes atribuibles a la contaminación del aire, derivado de la quema de combustibles fósiles. Otras cifras advierten que, desde hace casi 8 años, ya se reconocía que el transporte público y de carga en México genera hasta el 80 por ciento de la contaminación en el país, debido al uso de tecnología obsoleta y a la ausencia de controles efectivos para regular sus emisiones. En este escenario, Corona Nakamura señaló que la iniciativa que reforma, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, busca que las dependencias y entidades públicas incorporen de manera obligatoria criterios de sostenibilidad en la compra o arrendamiento de vehículos, privilegiando aquellos que garanticen cero o bajas emisiones. Con esta reforma se permitirá armonizar la política de adquisiciones públicas con la protección ambiental, impulsar una movilidad más sustentable y contribuir a la reducción de enfermedades y muertes asociadas a la contaminación, reafirmando el compromiso del Estado con el bienestar presente y futuro de la población.
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