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Xalapa, Ver.- Más de 250 trabajadores pensionados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) han interpuesto demandas para reclamar a esa institución un aumento salarial pendiente desde hace una década, el otorgamiento de vivienda y la aplicación del fondo de ahorro. Desde 2015 han exigido una nivelación salarial del 4.6 por ciento del que fueron excluidos, luego de que aumentara 8 por ciento a mil 300 empleados: “A los demás, casi 8 mil trabajadores, nos excluyeron. A nosotros nos dieron nada más 3.4 de incremento. De esos afectados, entre académicos y administrativos, sólo 500 demandaron. Algunos han fallecido, otros se desistieron y quedamos 250 que seguimos en lucha por más de 100 millones de pesos de adeudo”, dice en entrevista Rogelio García Conde, integrante de la Comisión de Jubilados. El alza salarial pendiente ha sido demandada en los expedientes del Segundo Tribunal Laboral de Puebla D-5/96/2015, acumulados D-5/118/2015, D-5/107/2019: “100 millones de pesos no son nada comparados con los miles de millones que maneja la universidad. Son miserables. Ni nos ve, ni nos oye la rectora Lilia Cedillo Ramírez, quien maneja indiscriminadamente el dinero, y sobre nuestras demandas dice que no somos sujetos porque son autónomos. No solamente maneja el presupuesto federal, sino también el estatal y el generado por recursos propios. Tuvimos que demandar y nos han puesto una serie de trabas porque hay confabulación entre la rectoría y la junta de conciliación número cinco. La decisión salió contra el laudo y nos amparamos. En febrero resuelven esto último”. La anterior no es la única demanda interpuesta. El pasado 19 de agosto, en el expediente laboral 297/2025, los pensionados reclamaron su derecho al fondo de vivienda que la actual administración les ha negado. Rogelio García explica que el caso data de 1980, cuando se fusionó un sindicato entre académicos y administrativos: “Tenemos pactado 5 por ciento del total de la nómina de la universidad para el fondo de vivienda, para construir, para los trabajadores, pero no se ha respetado”. Recordó que cuando Alfonso Vélez Pliego era rector y el secretario general del sindicato el físico Alejandro Salgado Escobar, reconocieron 500 millones de pesos para dicho fondo de vivienda, pero después no llegaban los recursos a la universidad y dispusieron que de ese fondo se pagara el complemento de los salarios, por lo que se prestaron a la BUAP mil 200 millones de pesos. Sin embargo, ésta sólo ha mostrado desinterés: “No quiere reconocer ese adeudo argumentando que no tiene dinero. Acudimos al Infonavit para ver en qué situación se encontraba el fondo y nos dijeron que solamente había 48 millones pesos depositados por la universidad, pero del periodo 2020 a 2024”. “Tenemos calculado que en ese fondo de la vivienda hay entre 13 y 15 mil millones de pesos, y no nos quieren entregar ese dinero; nos dijeron que desconocían el adeudo con los trabajadores. O no saben nada o se quieren hacer los listos”. Añade: “Desde 1992 las diferentes administraciones lo han manejado a su antojo y utilizado para otras cosas. Seguramente lo gastaron o simplemente los rectores anteriores se lo llevaron. Así están las cosas”. La otra demanda tiene que ver con el fideicomiso de jubilaciones y pensiones que la BUAP no les ha entregado: “Teníamos nuestras cuentas individuales en Banjercito, pero la universidad dijo que ese dinero no nos correspondía y lo canalizaron a Bancomer. De ahí, indebidamente, con 48 millones de pesos que teníamos, formó un fideicomiso de jubilaciones y pensiones”. Añade: “Hoy ese fideicomiso tiene 6 mil 300 millones de pesos y es sostenido por nosotros. Primero nos descontaron 3 por ciento y fue subiendo hasta alcanzar 8. Hoy día nos descuentan 4 por ciento y la rectora dice que este año va a aumentar de nuevo la cotización para el fondo de pensiones. Estamos hablando de una cantidad enorme que no lo transparentan porque hay un alto grado de corrupción.” García Conde explica la precariedad económica en que viven los jubilados de la BUAP: “El salario quincenal es de 4 mil 182 pesos, pero muchos compañeros estamos por debajo de esa cantidad porque al momento en que nos jubilamos los salarios estaban acordes... sin embargo, la política de la universidad ha sido ajustarnos a los topes salariales que dicta el gobierno en materia de educación. En este caso fueron entre 3 o 3.4 por ciento. Eso hizo que nuestro ingreso se fuera hacia abajo. Fue el ex presidente López Obrador quien hizo varios aumentos y finalmente no nos los dieron”. Indica que quieren ganar 4 mil 182 pesos a la quincena y no menos: “Por ejemplo, yo estoy 900 pesos abajo del salario mínimo, y así muchos compañeros. En las audiencias con las autoridades de la universidad, la respuesta siempre ha sido la misma. Nos dicen que no tienen dinero. Hay una cerrazón en querer solucionar la problemática de sus trabajadores activos y jubilados”. Para García Conde, investigar y sancionar la corrupción que existe en la BUAP es urgente. “En este momento el gobernador Alejandro Armenta es cómplice de la rectora Cedillo Ramírez. La presidenta Claudia Sheinbaum debería pedir cuentas a Cedillo Ramírez para que presente un informe muy preciso de los recursos económicos con que cuenta la institución, sin aceptar el chantaje de que son autónomas y por eso no rinden cuentas”.
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