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XALAPA.- Vaya caso, de acuerdo con un análisis legislativo y del sector industrial, Veracruz figura entre los estados con mayor contrabando de azúcar. Prueba de ello es que, entre 2022 y 2024, el contrabando técnico de azúcar provocó pérdidas por 37 mil millones de pesos a la agroindustria nacional, además de una evasión fiscal superior a 5 mil millones de pesos. La presencia de ingenios irregulares y la entrada de azúcar reclasificada han afectado de forma directa al mercado formal y a la producción cañera. Marcas como Zucarozo y Dulcam continuaron circulando en el mercado bajo esquemas señalados por el sector como evasivos, de acuerdo con datos difundidos por medios nacionales. En el estado de Veracruz, las consecuencias se reflejan en precios a la baja, menor rentabilidad para los cañeros y retrasos en el inicio de la zafra. La distorsión del mercado ha reducido ingresos y ha puesto presión sobre productores que dependen casi por completo de la caña como sustento económico. El esquema, conocido como “huachicol azucarero”, no opera de manera aislada, forma parte de una red más amplia de fraudes fiscales y aduanales que también incluye el contrabando de combustibles y de productos alimentarios, como el camarón. Las prácticas, además de reducir ingresos públicos, debilitan cadenas productivas, desplazan al mercado legal y generan incentivos para organizaciones criminales. De acuerdo con el análisis “Fraudes fiscales y aduaneros en México”, elaborado por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador parlamentario de Morena, el mecanismo más extendido consiste en introducir azúcar de caña bajo la etiqueta de “mezclas alimenticias”. Los productos contienen entre 95 y 98 por ciento de azúcar, combinada con cantidades mínimas de otros ingredientes como maltodextrina, harina o cacao, lo que permite reclasificarlos en fracciones arancelarias con impuestos más bajos. De este modo, solo entre 2023 y 2024 ingresaron al país al menos 272 mil toneladas de azúcar bajo esta modalidad. La Cámara Nacional de la Industria del Azúcar (CNIAA) eleva la cifra a 329 mil 450 toneladas ilegales, lo que explica una parte sustancial de la evasión fiscal detectada. A este esquema se suma el contrabando “bruto” o “bronco”, es decir, el ingreso clandestino de mercancía sin pasar por aduanas, así como la operación de ingenios irregulares en Puebla, Oaxaca y Veracruz, que producen alrededor de 120 mil toneladas adicionales fuera del marco legal. En Veracruz, uno de los estados con mayor peso en la producción cañera del país, el impacto es visible. Varios ingenios se vieron afectados con el arranque de la zafra en el ciclo 2024–2025, luego de que el precio final del azúcar quedara 200 pesos por tonelada por debajo de lo estimado, lo que dejó adeudos con los productores. Entre los ingenios veracruzanos mencionados en los análisis se encuentra San Cristóbal, ubicado en Carlos A. Carrillo, conocido como el “Coloso de América” y propiedad de Zucarmex, empresa del Grupo Azucarero México. De esta planta proviene la marca Zucarozo, señalada por su presunta vinculación con esquemas de evasión fiscal, según han reportado medios nacionales. Otra marca, Dulcam, utiliza azúcar de diversos ingenios, incluidos algunos del Grupo Piasa, con presencia en Tres Valles. Organismos del sector han denunciado que estos ingenios han impedido inspecciones de autoridades como Conadesuca y la Secretaría del Trabajo, además de evadir obligaciones fiscales, laborales y ambientales. La crisis del sector azucarero se profundizó por la coincidencia de tres factores documentados: Sequías severas en los ciclos 2021/22, 2022/23 y 2023/24, que redujeron la producción nacional de 6.1 a 4.7 millones de toneladas. Importaciones masivas en 2023/24, que aun pagando un arancel de 360 dólares por tonelada generaron una sobreoferta de 68 por ciento y una caída de precios al mayoreo. El crecimiento del contrabando técnico y bronco, que supera las 330 mil toneladas y explica pérdidas acumuladas por 37 mil millones de pesos a nivel nacional. Las consecuencias incluyen una caída de hasta 50 por ciento en la rentabilidad de los cañeros, riesgo económico para 90 por ciento de los productores con parcelas menores a siete hectáreas, distorsión del precio interno y una reducción de 3 por ciento en el consumo nacional aparente de azúcar, mientras aumenta el uso de jarabe de maíz de alta fructosa. Por lo anterior, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados acordó crear el Grupo de Trabajo sobre el Código Fiscal de la Federación y Legislación sobre Comercio Exterior, encabezado por Ramírez Cuéllar. El objetivo es diseñar un marco legal que permita combatir de manera integral los fraudes fiscales y aduanales. Entre las propuestas se incluyen modificaciones al Código Fiscal, ajustes a las leyes del IEPS e IVA para incorporar sistemas de marcación y trazabilidad, así como la creación de una Ley Federal para Prevenir y Sancionar el Mercado Ilícito de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, aplicable también a esquemas similares en otros sectores.
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