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XALAPA.- De acuerdo con el registro elaborado por la organización ARTICLE 19, el estado de Veracruz encabeza las cifras nacionales de acoso judicial contra periodistas en 2025, al concentrar 10 de los 51 procesos documentados en el país. Lo anterior confirma una tendencia sostenida de judicialización del ejercicio periodístico en la entidad. El informe refiere que entre enero y julio de este año se documentaron 51 procesos de este tipo en México, lo que equivale a la apertura de un nuevo caso, en promedio, cada cuatro días. Aunque el mayor número de casos se concentra en Veracruz, la organización advierte que el fenómeno ya se ha extendido a 17 entidades federativas, lo que da cuenta de un patrón que dejó de ser aislado. Luego de Veracruz, la Ciudad de México aparece como la segunda entidad con más casos documentados, con un total de nueve. ARTICLE 19 refiere que en la capital del país se ha observado un uso recurrente de mecanismos judiciales y administrativos para cuestionar publicaciones periodísticas, sobre todo en contextos relacionados con funcionarios públicos y actores con acceso a estructuras institucionales que facilitan la interposición de denuncias. Jalisco ocupa el tercer lugar nacional, con seis casos documentados. El reporte identifica que en esta entidad los procesos suelen derivarse de la publicación de investigaciones vinculadas con asuntos de interés público, y que las acciones legales se han utilizado como una vía para generar desgaste económico, emocional y profesional en periodistas y medios de comunicación. En un segundo bloque aparecen los estados de Campeche, Oaxaca y Puebla, con tres casos cada uno. ARTICLE 19 destaca que, aunque el número es menor frente a Veracruz, la Ciudad de México o Jalisco, estos estados muestran recurrencia en el uso de figuras legales que permiten activar procedimientos prolongados, incluso cuando las denuncias no prosperan en el fondo. Aguascalientes, Baja California, Guerrero, Quintana Roo, Tamaulipas y Tlaxcala se ubican con dos casos documentados cada uno. En estas entidades, la organización advierte que el denominador común es la utilización de recursos legales que, aunque no siempre concluyen en sanciones, sí implican costos elevados para quienes ejercen el periodismo. En Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Yucatán se documentó un caso en cada entidad. ARTICLE 19 señaló que la existencia de un solo proceso no implica un riesgo menor, ya que la apertura de cualquier procedimiento judicial contra periodistas puede tener efectos inhibitorios sobre la libertad de expresión, particularmente en contextos locales donde los recursos para la defensa son limitados “El acoso también implica la utilización de distintas vías legales, tanto ministeriales como judiciales, para acosar a quienes ejercen su libertad de expresión. De los 51 casos de acoso judicial documentados, 26 fueron por la vía electoral (50.98%), 14 por la vía penal (27.45%), y 11 civiles (21.57%). “Entre enero y julio de 2025 no se han documentado casos de acoso por vía administrativa. Preocupan dos tendencias: el uso de marcos normativos electorales en las elecciones 2024 y del poder judicial del 2025, así como el abuso del derecho penal, el más intrusivo de los recursos legales, como una constante en México para silenciar a la prensa”, sostiene. En el caso de Veracruz, el informe señala que ha identificado situaciones en las que “una misma figura política denuncia por violencia política de género a decenas de personas, a medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil por una mera mención de nepotismo en sus publicaciones”. La organización advierte que este tipo de denuncias se presentan de manera simultánea y masiva, lo que multiplica los efectos del acoso judicial. ARTICLE 19 añadió que, al momento de la elaboración del documento, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz sigue enviando notificaciones relacionadas con estos procedimientos. “A la fecha de redacción de este reporte, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE Veracruz) sigue enviando notificaciones, resaltando como una misma persona puede silenciar a grupos enteros abusando de estas herramientas”, refiere el informe. La organización advierte que estas prácticas evidencian un uso expansivo de las leyes como mecanismos de presión, al permitir que una sola persona active múltiples procedimientos de manera paralela, lo que incrementa el riesgo para el ejercicio periodístico, no sólo en Veracruz, sino en otras entidades donde el fenómeno comienza a replicarse. El reporte concluye que, aunque Veracruz encabeza las cifras nacionales, la dispersión geográfica de los casos confirma que el acoso judicial se ha convertido en una estrategia recurrente contra periodistas en distintas regiones del país, con variaciones en intensidad, pero con un impacto común sobre la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
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