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Xalapa, Ver.-
Trump han empleado tácticas violentas y de intimidación, que han resultado en incontables abusos de derechos, pero hasta ahora las autoridades federales y sus agentes han operado con un enorme grado de impunidad. Una familia, incluida una bebé de un año, fue atacada dentro de su automóvil con gas pimienta por agentes de control migratorio en el estacionamiento de un centro comercial a donde acudió de compras; trabajadores han sufrido maltratos físicos al ser detenidos por otros efectivos; y manifestantes pacíficos han sido enfrentados por los federales que los agreden con fuerza y sustancias químicas. Todas estas acciones son violaciones perpetradas por autoridades que gozan de casi completa impunidad. Chicago está bajo sitio de las autoridades migratorias y fue seleccionada como uno de los principales objetivos de las políticas antimigrantes de la Casa Blanca, justo por ser no sólo una ciudad históricamente poblada por extranjeros, sino también porque sus gobiernos municipales y estatales demócratas se han atrevido a confrontar a Trump. Ante ello, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, estableció la Comisión para el Rendimiento de Cuentas del estado (IAC, por sus siglas en inglés), en la cual nombró a expertos legales, encabezada por el destacado juez federal retirado Rubén Castillo, con una misión parecida a la de un comité de la verdad que busca documentar con pruebas y testimonios de especialistas y representantes de las comunidades afectadas los abusos cometidos por las fuerzas del gobierno federal. Es la primera instancia en el país dedicada a eso. La semana pasada, la IAC realizó la primera de cuatro audiencias públicas programadas. Fue dedicada a revisar las tácticas de los agentes federales y el impacto del uso frecuente de sustancias químicas durante las operaciones antimigrantes. “Las imágenes son escandalosas… Esto no puede ser la nueva normalidad”, comentó el juez Castillo después de los primeros testimonios y videos. Susan Gzesh, una de las integrantes nombradas por el gobernador al IAC, abogada y experta en temas de derechos de los extranjeros que residen en Estados Unidos y profesora sobre derechos humanos en la Universidad de Chicago, señaló que la tarea de esta comisión es “crear un registro histórico de lo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la agencia de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) han hecho en la ciudad en términos de abusos a las garantías humanas y civiles”. En entrevista con La Jornada, Gzesh explicó que “se ha dado un enorme activismo cívico por todo tipo de organizaciones en el área de Chicago, quienes han grabado videos y realizan recorridos en las calles con silbatos y confrontando a los agentes del ICE con la intención de frenar el abuso a los derechos”, y todo eso será parte de un registro, “es muy importante que exista un archivo donde se pueden guardar estas acciones”. Gzesh afirmó que esta iniciativa del gobernador Pritzker busca además combatir las mentiras oficiales del gobierno federal. “Hemos visto por parte del Departamento de Seguridad Interna, donde sus funcionarios y oficiales sencillamente han mentido ante tribunales. Más aun, el encargado de la CBP en las operaciones en Chicago, Gregory Bovino, admitió bajo juramento que había mentido previamente, por ejemplo, cuando afirmó que arrojó un bote de gas lacrimógeno porque alguien lo había atacado con una piedra. No hubo tal roca”. En la audiencia, se invitó a una testigo experta, la doctora Rohini Haar, integrante del Comité de Médicos de la Organización de Naciones Unidas en torno a los Protocolos de Estambul, que establecen el diagnóstico médico de la tortura. Ella encabezó un equipo que elaboró el informe global Letal disfrazado sobre el uso de agentes químicos –entre ellos el gas lacrimógeno y pimienta– y otros llamados instrumentos de control público.
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