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Sentencian a 125 y 110 años de prisión a 3 sujetos por el delito de secuestro, en Pánuco; Denuncia Ayuntamiento de Actopan que CFE pretende facturar 810 luminarias públicas de dudosa existencia por un monto adicional de más de medio millón de pesos.
Jueves 18 de Diciembre de 2025
Por: REDACCION GOBERNANTES
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XALAPA.- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó este jueves que un juez condenó a 125 años de prisión a Lino Vicente “N”, y 110 años en contra de Joseph Eduardo “N” y Alejandro “N” por el delito de secuestro, en Pánuco. De acuerdo con la Fiscalía, las sentencias se lograron a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión. Los hechos se registraron el 2 de julio del 2019, en un terreno ubicado en la localidad de Tierra Amarilla, en el municipio de Pánuco, donde la víctima fue privada de su libertad. Posteriormente, sus familiares recibieron la exigencia de un pago a cambio de su liberación. Fue el 9 de agosto del mismo año, que el cuerpo de la víctima fue localizado en el Ejido Las Huatas del municipio de Ciudad Valles, en San Luis Potosí, lugar donde los responsables la mantuvieron en cautiverio. Además de dictar las sentencias, el juez estableció un pago por concepto de reparación del daño y suspendió sus derechos civiles y políticos de los sentenciados, dentro del juicio oral J-04/2025….EL AYUNTAMIENTO de Actopan informó que está en desacuerdo con un ajuste que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende aplicar a su facturación mensual, el cual elevaría el pago por energía eléctrica a más de 1 millón 100 mil pesos, pese a que — asegura la autoridad municipal— no existe adeudo alguno por consumo. La alcaldesa María Esther López Callejas afirmó que la administración municipal cubre puntualmente cada mes el servicio eléctrico, con un pago promedio de 554 mil pesos, correspondiente a instalaciones y servicios plenamente identificados. No obstante, la CFE intenta añadir un cargo adicional cercano a 582 mil pesos, sustentado en un supuesto registro de 810 luminarias públicas cuya existencia no ha sido debidamente comprobada. De acuerdo con la alcaldesa, este cobro extra deriva de un censo elaborado unilateralmente por la paraestatal, el cual no ha sido validado por el Ayuntamiento debido a múltiples inconsistencias. Pese a ello, la CFE exige el pago inmediato de dicho “excedente”, lo que duplicaría prácticamente la factura mensual del municipio, alcanzando un total de 1 millón 136 mil pesos. Ante la negativa del Ayuntamiento a reconocer el padrón de luminarias, la Comisión Federal de Electricidad ha recurrido a medidas de presión, como la suspensión del suministro eléctrico en el Palacio Municipal, pese a que la cuenta se encuentra al corriente. “Como no pueden cortar el servicio en las comunidades, vienen y nos presionan directamente al Ayuntamiento”, aseguró la Edil. Durante la revisión del censo, autoridades municipales detectaron diversos casos que consideran irregulares. Por ejemplo, en el campamento Farallón aparecen luminarias cargadas a la cuenta municipal, aun cuando se trata de una zona que no aporta impuesto predial y cuya infraestructura no es responsabilidad del Ayuntamiento. También se detectaron cifras que resultan poco creíbles en comunidades pequeñas, como San José La Punta, donde se reportan 28 luminarias —19 de ellas supuestamente instaladas este año— pese a que no se realizó ninguna obra de alumbrado público durante la actual administración. Otro caso es el de un sitio denominado “El Brisote”, que corresponde a un rancho particular y que, según el censo de la CFE, cuenta con 18 luminarias públicas cuyo consumo también se pretende cargar al municipio. La Alcaldesa recordó que, en los últimos años, el Ayuntamiento ha sustituido decenas de luminarias tradicionales por sistemas solares, que no dependen de la red eléctrica y no generan consumo facturable, lo que vuelve aún más cuestionable la aparición de nuevas luminarias eléctricas en el registro de la CFE. Por último, la autoridad municipal consideró preocupante que este requerimiento económico se presente al cierre de la administración, cuando no hay margen suficiente para realizar un nuevo censo técnico que permita aclarar y corregir las inconsistencias detectadas. Por lo anterior, el Ayuntamiento reiteró su rechazo a asumir un cobro que considera injustificado y desproporcionado.

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