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XALAPA.- Con nombre y apellido, una docente de nivel preescolar con más de 14 años de servicio, denunció un presunto intento de despojo de su plaza laboral por parte de dirigentes del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación (SETSE). De manera clara y contundente, la educadora responsabilizó directamente a tres dirigentes del SETSE: Francisco Hernández Solís, entonces delegado en la zona de Cardel; Genovevo Zapot Zapot, quien en 2024 fungía como secretario general, y Oscar Rivera Óvula, actual dirigente estatal. La profesora señaló que la situación se originó cuando se encontraba incapacitada por motivos de salud, periodo en el que —asegura— no se realizaron los trámites administrativos correspondientes ante la autoridad educativa, lo que derivó en la pérdida de su base. En ese tenor, la maestra Susan Cervantes Baizabal reiteró que durante más de una década cumplió con sus obligaciones laborales y sindicales, incluyendo el pago puntual de cuotas al SETSE, organización que, según sus estatutos, tiene la responsabilidad de representar y proteger los derechos de los trabajadores de la educación. Sin embargo, en su caso ocurrió lo contrario. De acuerdo con su testimonio, en enero de 2024 enfrentó un problema de salud que la obligó a ausentarse temporalmente de su centro de trabajo, un jardín de niños ubicado en la localidad de Chavarrillo, municipio de Emiliano Zapata. La ausencia estuvo respaldada por atención médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero el proceso administrativo no avanzó como debía. La docente pertenece a la delegación sindical con sede en Cardel. En ese momento, el delegado era el profesor Francisco Hernández Solís, quien fue notificado de la situación y, según la versión de la maestra, tenía la obligación de informar al sindicato para que se realizaran los trámites ante la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV). No obstante, afirma que dicha gestión nunca se concretó. Al no presentarse la documentación correspondiente, la SEV registró sus primeras inasistencias como faltas injustificadas. Al investigar lo ocurrido, la maestra descubrió que su incapacidad médica no había sido entregada a la autoridad educativa, pese a que ella había informado oportunamente a su representación sindical. De acuerdo con su relato, al solicitar explicaciones recibió como respuesta que no se preocupara y que gestionara una incapacidad retroactiva ante el IMSS, mientras el sindicato supuestamente mantenía su plaza en resguardo. La maestra siguió las indicaciones. El Consejo Consultivo de la Delegación, a través de la Comisión Bipartita de Atención al Derechohabiente, emitió un dictamen procedente para la expedición de una incapacidad retroactiva por 49 días, correspondiente al periodo del 8 de enero al 25 de febrero de 2024, bajo el rubro de enfermedad general. El dictamen quedó asentado con fecha 24 de abril de 2024. Posteriormente, el 30 de abril, el IMSS notificó formalmente al sindicato sobre la procedencia de dicha incapacidad, para que fuera presentada ante la SEV. Sin embargo, la docente afirma que, una vez más, el documento no fue entregado a la autoridad educativa, situación que agravó su problema laboral. Ante la falta de respuesta, Susan Cervantes buscó una audiencia con la titular de la Secretaría de Educación, Claudia Tello Espinosa. Aunque no fue recibida directamente, asesores de la dependencia le informaron que el conflicto debía resolverse a través del sindicato y que, de no hacerlo, existía la posibilidad de que ella podría emprender acciones legales. Por lo anterior, la docente hizo un llamado público a la gobernadora Rocío Nahle García para que intervenga en su caso y se revise la actuación del SETSE. Pidió que no se permitan este tipo de prácticas y que se le restituya su plaza, la cual asegura haber ganado conforme a la ley. Por último, responsabilizó a los dirigentes señalados de cualquier afectación que pudiera sufrir ella o su familia, al manifestar temor por posibles represalias. Así las cosas.
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