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Xalapa, Ver.-
Al encabezar la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la coordinación entre el gobierno federal y todos los ejecutivos estatales, ha permitido reducir la incidencia de homicidios y delitos de alto impacto, pese a que la violencia repuntó en algunos estados del país. Sin embargo, alertó como el mayor desafío para 2026 reducir la extorsión, pues es un delito que tiene repercusiones importantes en la sociedad. Ante los 32 gobernadores del país y todo su gabinete, la mandataria federal expresó: “Ese es el objetivo que estamos planteando, en las fiscalías, la coordinación con la Fiscalía General de la República para generar estrategias que permitan atender a este delito que afecta de manera distinta a cada estado. Hay entidades no lo tienen, pero necesitamos intervenir todos para atenderlo. Esto es lo que afecta en la percepción de inseguridad". Por ello destacó la relevancia de la reforma en materia de extorsión y el compromiso de los gobernadores de homogeneizar el tipo delictivo que permita combatirlo. En este marco, Sheinbaum hizo un reconocimiento a la coordinación que ha tenido con los gobiernos estatales más allá de las diferencias que puedan existir en otros ámbitos. Aun cuando hizo un reconocimiento al ex fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, destacó que con Ernestina Godoy al frente de esa institución se consolidará la coordinación en el seno del gabinete de seguridad y con los estados. En este marco, habló de la relevancia de tener mayor coordinación con las fiscalías estatales. Durante la reunión del Consejo de Seguridad en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, la mandataria destacó el fortalecimiento de la investigación y la inteligencia como uno de los ejes prioritarios de la Estrategia Nacional de Seguridad. Mencionó que el Centro Nacional de Inteligencia estaba orientado fundamentalmente a tareas de Seguridad Nacional, pero ahora se ha orientado en mayor medida a la inteligencia en Seguridad Pública. En su presentación ante el Consejo Nacional de Seguridad y su primera participación pública como fiscal, Godoy destacó que, a partir de su llegada al cargo, ya trabaja en un plan emergente de acciones y resultados en el corto plazo se los comparto rápidamente en seis ejes: "Una mayor coordinación de la Fiscalía General de la República con el gabinete de Seguridad Federal; el fortalecimiento de las fiscalías federales que en cada uno de los estados ustedes saben existen; un nuevo modelo de investigación e inteligencia, reconociendo la importancia de respetar y estar a la altura de los estándares probatorios que exige nuestro sistema penal, así como en la reestructuración interna, modernización y fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal y priorización de recursos para enfocarlo hacia los delitos de alto impacto". Godoy subrayó que la fiscalía es un elemento fundamental en la cadena de prevención y persecución del delito, por ello dijo estar consciente de la magnitud de los desafíos a su llegada a la FGR, pues su papel es determinante en la Estrategia Nacional de Seguridad. “Las víctimas del delito en particular, y la sociedad en general, merecen un sistema integral de prevención, investigación, administración e impartición de justicia a la altura de las circunstancias, capaz de garantizar las condiciones óptimas para optimizar la convivencia y el desarrollo”, expresa. Además, subrayó que "se requiere la alineación de políticas y estrategias entre los tres órdenes de gobierno, así como de la coordinación entre las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia para alcanzar el máximo potencial de los resultados que hemos proyectado, para transitar con éxito el camino que hemos trazado son fundamentales la suma de esfuerzos de las fiscalías y de las instituciones de seguridad". Durante la reunión, hablaron gobernadores como representantes de las diversas fuerzas políticas: Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. En este contexto, los gobernadores de oposición elogiaron la disposición del gobierno federal para ampliar la coordinación con las autoridades estatales. Una coordinación que ha comenzado a rendir frutos en la reducción de los homicidios y otros delitos de alto impacto social.
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