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XALAPA.- La impunidad sigue marcando la violencia contra quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo en México, la Fundación para la Justicia puso como ejemplo, que sólo en 2025 fueron asesinados al menos seis periodistas y 14 personas defensoras de derechos humanos, mientras que la desaparición de personas, se mantiene como el punto más crítico en el país. A través de un comunicado, la ONG señala que “esta situación persiste ante la falta de respuestas institucionales, políticas de protección ineficaces y la ausencia de enfoques de género, interseccional y territorial que mitiguen los riesgos”. A lo anterior se suma que la criminalización del trabajo periodístico continúa en aumento mediante figuras como el ciberasedio y los delitos contra el honor, particularmente en estados como Puebla y Michoacán. Las organizaciones advirtieron además que normativas recientes —entre ellas la Ley de Inteligencia en Seguridad Pública y la Ley General contra la Extorsión— incluyen tipos penales amplios que podrían usarse para inhibir la difusión de información y vigilar a quienes utilizan medios digitales, lo que representa una amenaza directa a la libertad de expresión. En el pronunciamiento afirman que pese a los avances aislados, el país enfrenta desafíos estructurales que impiden el pleno ejercicio de los derechos humanos. Uno de los puntos más críticos es la desaparición forzada. Al 30 de septiembre de 2025, el Registro Nacional reportaba 132 mil 81 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 102 mil 447 eran hombres, 29 mil 222 mujeres y 412 personas sin identificar. Sólo ese mes desaparecieron mil 406 personas, un promedio de 45 casos diarios. La crisis se profundiza debido a la falta de políticas integrales de prevención y al grave rezago forense, que mantiene más de 72 mil restos sin identificar. Frente a la ausencia del Estado, son las mujeres buscadoras quienes continúan realizando tareas de investigación, rastreo y recuperación de restos, frecuentemente sin apoyo ni protección. Las organizaciones recordaron que al menos 30 familiares de personas desaparecidas han sido asesinados en los últimos años, cinco de ellas durante 2025. Otro tema señalado fue la ausencia de una política sólida en materia de empresas y derechos humanos, especialmente ante el avance del Plan México, cuyas inversiones, se advierte, no fueron consultadas con las comunidades y podrían detonar proyectos que afecten derechos colectivos. Reiteraron la urgencia de aprobar una Ley General de Desplazamiento Forzado Interno, dado que este fenómeno continúa en aumento en entidades como Chihuahua, Chiapas y Michoacán. Sobre los derechos laborales, la organización denunció que, pese a la reforma de 2019, persisten prácticas que vulneran la libertad sindical y deterioran la contratación colectiva. La precarización del personal del Estado, principalmente en el sector salud, continúa marcada por retrasos, falta de insumos y recortes. Por último, señalaron la preocupación por la militarización de la seguridad pública, la represión a la protesta, el uso persistente de la tortura, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa y el crecimiento del sistema penitenciario, que pasó de 200 mil 936 a 255 mil 190 personas en cinco años. El próximo Plan Nacional de Derechos Humanos debe incorporar de forma explícita las recomendaciones internacionales pendientes y establecer mecanismos reales de diálogo y evaluación semestral. Sólo así, podrá avanzarse hacia un país más justo, seguro y con garantías efectivas para todas las personas, concluyeron.
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