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XALAPA.- Ante los señalamientos de que habría un cártel inmobiliario en Xalapa, la gobernadora Rocío Nahle García advirtió que en Veracruz no se desaloja a nadie sin una orden judicial, por lo que ya solicitó la lista de los notarios y jueces que presuntamente están involucrados en actos irregulares. La mandataria estatal aseguró que el tema ya fue abordado en la mesa de seguridad, por lo que le dará seguimiento. “Hoy en la mañana lo vimos en la mesa de seguridad y aquí no se desaloja a nadie si no hay una orden judicial (…) Hoy pedí una lista de aquellos notarios o jueces que hayan entrado en irregularidad”, reiteró. Al respecto, lo que se ha denominado cártel inmobiliario ha sido señalado de despojar de viviendas a familias pese a que éstas poseen las escrituras y documentos en regla. Se presume que esta práctica ilegal se consolidó debido al contubernio entre notarios públicos, personal de Registro Público de la Propiedad, del Catastro e incluso de jueces y policías estatales, para facilitar el despojo de tierras o viviendas a las familias. En ese tenor, la mandataria estatal precisó que el Tribunal de Disciplina Judicial puede revisar el actuar de los jueces y aplicar sanciones cuando se detecten irregularidades, incluso si se trata de los funcionarios que fueron elegidos por voto popular. “Tienen un Comité de Disciplina donde pueden ser castigados, cesados, multados o separados del cargo”, aseguró. Por otra parte, la mandataria estatal confirmó que el Gobierno de Veracruz instruyó bajas administrativas de personal y prepara denuncias por las irregularidades detectadas tras la implementación de la nómina única estatal. Nahle García señaló que se identificó a personas que cobraban simultáneamente en distintas dependencias, lo cual es ilegal y ya está siendo investigado. “Cobraban en varias dependencias; eso no puede ser. Se dieron de baja y pedí a Sefiplan hacer las denuncias correspondientes”, aseguró la mandataria. La gobernadora dijo que aún no cuenta con el número total de casos, pero afirmó que todas estas anomalías serán procesadas conforme marca la ley. Sobre la medida que impide otorgar licencias de conducir a deudores alimentarios, explicó que se trata de una homologación nacional, no de una disposición aislada del estado. Refirió que en breve enviará una nota jurídica para aclarar los alcances de esta legislación. Añadió que esta homologación también aplica a trámites del Registro Civil, como restricciones para contraer matrimonio en caso de adeudos por pensión alimenticia. Sobre las quejas por presunto desabasto de leche de fórmula para evitar transmisión materno-infantil del VIH, Nahle García afirmó que la Secretaría de Salud reportó abasto suficiente: “Si no hubiera suficiente, compramos. Pero me informaron que sí se está entregando”, sostuvo. Por último, la mandataria estatal informó que la nueva fiscal general Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre ya se incorporó a los trabajos de la mesa de seguridad. “Es una persona con experiencia y vamos a trabajar de manera coordinada”, concluyó.
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