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XALAPA.- Luego de confirmar que el Gobierno del Estado presentó bajas administrativas y prepara denuncias por las irregularidades detectadas tras la implementación de la nómina única estatal, pues aseguró que se identificó a personas que cobraban simultáneamente en distintas dependencias lo cual es ilegal y ya está siendo investigado, la gobernadora Rocío Nahle García está obligada a transparentar el caso pues está claro que esta práctica fue heredada por la administración inmediata anterior, que encabezó el morenista Cuitláhuac García Jiménez, el peor gobernador de la historia de Veracruz. “Cobraban en varias dependencias; eso no puede ser. Se dieron de baja y pedí a Sefiplan hacer las denuncias correspondientes”, aseguró Nahle. La mandataria estatal señaló que aún no cuenta con el número total de casos, pero aseguró que todas las irregularidades serán procesadas conforme marca la ley. Por otro lado, con relación a la medida que impide otorgar licencias de conducir a deudores alimentarios, Nahle explicó que se trata de una homologación nacional, no de una disposición aislada del estado. Señaló que en breve enviará una nota jurídica para aclarar los alcances de la medida. Dijo que esta homologación también aplica a trámites del Registro Civil, como restricciones para contraer matrimonio en caso de adeudos por pensión alimenticia. La gobernadora aseguró que el caso de familias que denuncian despojos de viviendas en Xalapa ya fue revisado en la Mesa de Seguridad. “Aquí no se desaloja a nadie sin orden judicial”, sostuvo. Informó que solicitó una lista de notarios y jueces presuntamente involucrados en fallos irregulares para que el Comité de Disciplina del Poder Judicial determine posibles sanciones. Sobre las quejas por presunto desabasto de leche de fórmula para evitar transmisión materno-infantil del VIH, Nahle García afirmó que la Secretaría de Salud reportó abasto suficiente: “Si no hubiera suficiente, compramos. Pero me informaron que sí se está entregando”, sostuvo. La mandataria estatal informó que la nueva fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, ya se incorporó a la Mesa de Seguridad. “Es una persona con experiencia y vamos a trabajar de manera coordinada”, aseguró. Ante la renuncia de magistrados y jueces, la gobernadora explicó que la reforma electoral establece que la elección del 50% restante de magistraturas se realizará en 2027. Los lugares vacantes serán cubiertos conforme a los procedimientos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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