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Xalapa, Ver.- Pobladores de las congregaciones de Tzoncolco y Omiquila, en el municipio de Rafael Delgado, manifestaron su rechazo a las recientes reformas a la Ley de Aguas Nacionales, al señalar que los pueblos originarios no fueron consultados y que los cambios podrían poner en riesgo su derecho histórico al acceso comunitario del agua. Las comunidades, ubicadas en la zona serrana de Zongolica, denunciaron que la modificación legislativa centraliza decisiones sobre el uso y control del recurso. Los inconformes explicaron que dependen de manantiales, veneros y sistemas de tandeo autónomos para abastecerse, por lo que cualquier medida que limite su gestión tradicional del agua afectaría gravemente a las familias. Señalaron que la reforma fue impulsada sin transparencia ni diálogo con las localidades que dependen directamente de estos sistemas comunitarios. José Ireneo González Jiménez, vocero de ambas comunidades, señaló que el proceso legislativo no cumplió con el derecho a consulta previa, libre e informada. “Nosotros estamos en esta comunidad de Tzoncolco y Omiquila y no estamos de acuerdo. Se hizo otra nueva ley de agua y el pueblo no fue consultado. Nosotros no vamos a dejar que esa ley pase”, aseguró. Los habitantes señalaron que buscarán hacer llegar su inconformidad a los diputados federales y locales, a quienes exigirán no aprobar la aplicación de estas disposiciones sin un proceso adecuado de consulta indígena, tal como lo establecen los tratados internacionales. Los pobladores afirmaron que continuarán organizándose con comunidades vecinas y asociaciones civiles para defender su derecho al agua. Destacaron el acompañamiento de integrantes de Tlilapan y el apoyo de organizaciones como la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), encabezada en la región por David Estévez Gamboa. “Vamos a levantar más la voz con los compañeros. No estamos solos. Somos de Zongolica, de la sierra, y vamos a luchar”, aseguró González Jiménez. Refirió que en los próximos días se realizarán asambleas comunitarias para tratar este tema y tomar algunas otras acciones públicas. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su Informe Especial sobre el Derecho al Agua, de 2022, el 70 por ciento de las comunidades indígenas del país depende de manantiales y sistemas comunitarios de distribución de agua, lo que las vuelve especialmente vulnerables ante reformas que alteren la gestión del recurso. Así las cosas.
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