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Xalapa, Ver.-
El Poder Judicial de la Federación (PJF) debe aprender a incorporar los saberes comunitarios, valorar los sistemas normativos indígenas y entender la justicia adaptada, para aceptar que esto no es un privilegio sino un derecho, señaló Lucía Jazmín Carrillo Ovalles, titular de la Unidad de Prevención y Combate a la Violencia Laboral y el Acoso Sexual del Órgano de Administración Judicial (OAJ). Al inaugurar el 13º Congreso Nacional Justicia y Genero “Pluralidad y Justicia: caminos a la igualdad desde la diversidad”, expresó: “No podemos seguir esperando que quienes han sido históricamente marginadas se adapten a un modelo que nunca fue construido pensando en ellas”. Subrayó que la violencia no es solo la que vemos, sino la que "normalizamos, como ocurre cuando una mujer no puede denunciar en su lengua, no es escuchada o en el momento que una autoridad determina que su palabra vale menos que la de sus agresores". Por su parte, el titular de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Víctor Leonel Juan Martínez, mencionó que las y los Ministros integrantes del Pleno suscribieron el miércoles el Pronunciamiento de Cero Tolerancia a la violencia contra las mujeres en razón de género, con lo cual el Máximo Tribunal del país refrenda, de manera firme, categórica e inequívoca una política institucional que inicia en casa y representa un paso firme en la transformación ética y humana dentro del PJF. La Magistrada María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín, integrante del OAJ del estado de México, considera este Congreso representa una plataforma para impulsar políticas públicas que reconozcan, protejan y garanticen los derechos de todas las personas, especialmente de quienes históricamente han enfrentado barreras estructurales. En el Congreso Nacional, que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura Jurídica del Poder Judicial del estado de México, especialistas nacionales e internacionales, representantes de comunidades indígenas, académicos y juzgadores compartieron, en tres mesas de trabajo, experiencias y formularon propuestas para garantizar y hacer eficiente el acceso a la justicia de niñas, adolescentes y mujeres.
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