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XALAPA.- En un contexto marcado por una severa crisis de inseguridad, una descomunal presencia de organizaciones de la delincuencia organizada y a unas semanas del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el gobierno federal implementa el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) del Inegi, mientras a escala nacional, en septiembre de 2025, 63.0% de la población de 18 y más consideró vivir inseguro en su ciudad, en Morelia, 76.0% de la gente se sentía insegura y en Uruapan 82.6%. A escala de entidad federativa esta cifra es de 80.9%. Si bien en Uruapan bajó la percepción de inseguridad respecto de junio de 2025, cuando 89.5% se sentía inseguro, el indicador se encuentra por encima del promedio nacional. En tanto, la incidencia delictiva, es decir, la tasa de delitos por cada 100,000 habitantes, en 2024 se ubicó en 23,819 y es la cifra más alta desde 2017. La extorsión se ubicó en 2024 en 4,346 delitos por cada 100,000 habitantes. En este caso los registros indican que es el menor de los últimos 15 años. Entre 2014 y 2016, eran superiores a 9,000. El Inegi calcula que, en 2024, el costo de la inseguridad y el delito en hogares ascendió a 10,000 millones de pesos, lo cual equivale a un promedio de 7,643 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito. De igual forma, se estima que en 2024, en Michoacán se denunció 9.6% de los delitos, y de esos el Ministerio Público inició una carpeta de investigación en 67.2% de los casos. La cifra oculta en el estado corresponde a 93.6% de delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación. Por otra parte, actualmente, 51.9% de la población del estado confía en la policía estatal, 52.2% en la policía preventiva municipal y 52.4% en los jueces. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en Michoacán hay 7,337 personas en esa situación. En este contexto, buena parte de la inseguridad se explica por la descomunal presencia de organizaciones de la delincuencia organizada. De acuerdo con Víctor Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Michoacán es escenario de una hiperfragmentación de grupos de la delincuencia organizada, lo que ha ocasionado la coexistencia de 17 organizaciones de diferentes tamaños. Explicó que en los 113 municipios que integran la entidad hay presencia de al menos una organización. El reconocido investigador llamó la atención sobre que muchas de esas organizaciones tienen entre sus actividades ilegales la extorsión en distintas modalidades, lo cual afecta a prácticamente todas las actividades económicas. El hecho de que haya muchas bandas criminales coexistiendo ha generado que muchas de ellas se inmiscuyan en asuntos políticos de distintas maneras, desde financiamiento de campañas electorales, compra de votos, asesinar aspirantes y candidatos a puestos de elección popular, así como operadores políticos. En el ámbito político, Alberto Guerrero Baena, Consultor especializado en políticas públicas en materia de seguridad y movimientos sociales, destacó que el hecho de que el gobierno estatal y la mayoría de los municipales son surgidos de Morena, no garantiza que vaya a haber una coordinación entre los tres niveles de gobierno. Primero, porque no ha existido jamás y, luego, porque al interior de ese partido político hay una serie de grupos confrontados. El grupo político del senador, Raúl Morón Orozco y exaspirante a la candidatura de Morena al gobierno del estado; el diputado federal y exgobernador, Leonel Godoy; el diputado federal, Fidel Calderón Torreblanca y el expresidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos, son figuras importantes de la facción dominante en Michoacán y está confrontado con el que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien tuvo que tejer una serie de alianzas desde 2021 para ganar la gubernatura, por ejemplo, con el grupo del exdiputado federal, Carlos Torres Piña. Al inicio de la actual administración, Torres Piña fue nombrado secretario general de Gobierno, luego fue impulsado como candidato a la presidencia municipal de Morelia, pero perdió frente al PAN y regresó a la secretaría de Gobierno y posteriormente, en julio de 2025, fue designado por el Congreso como Fiscal General del Estado de Michoacán. Como se recordará, en 2021 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tumbó la candidatura a la gubernatura de Raúl Morón Orozco, por lo que entró al relevo el actual gobernador quien ahora impulsa como posibles candidatas al gobierno estatal a la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladiz Butanta Macías; a la secretaria de Educación, Gabriela Desireé Molina Aguilar y a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Fabiola Alanís. En tanto, el senador Raúl Morón Orozco construye nuevamente su postulación para las elecciones de 2027. Para Alberto Guerrero Baena, lo relevante es el arraigamiento de la gobernanza criminal en diferentes regiones de la entidad. Los cárteles se han incrustado en las estructuras de los gobiernos municipales como las que controlan los padrones de comerciantes, obra pública desde donde articulan un esquema de negocio criminal que se suma a sus otras actividades ilícitas. El problema es que ante la debilidad institucional los presidentes municipales pueden hacer poco ante las organizaciones criminales que ejercen la extorsión y violencia de diversos tipos, incluidas las ejecuciones. Por otra parte, destacó que el Plan Michoacán que ha comenzado a implementarse en esa entidad, se diseñó desde el centro del país, es decir, desde el gobierno federal y no desde el estado, que es el que padece la difícil situación de inseguridad. En su opinión, si se tratara de un plan de acción producto de un trabajo de inteligencia adecuado, implementarían acciones de seguridad fortalecidas con acciones de inteligencia financiera para cortar el flujo de recursos económicos hacia las organizaciones criminales. Para el académico, el plan que se implementa hoy es un cúmulo de los planes anteriores: El "Operativo Conjunto Michoacán", puesto en marcha por el presidente Felipe Calderón; el "Plan Michoacán", impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto y el "Plan de Apoyo Michoacán", que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Combina un amontonamiento de fuerzas armadas, pero tiene dos problemas, primero no se sabe cuánto tiempo se van a quedar y, segundo, la sola presencia no va a acabar con la delincuencia organizada. Por otra parte, subrayó que a lo largo y ancho del territorio estatal se viven diferentes realidades, las cuales tienen que ver con una serie de particularidades que hacen difícil que prospere una sola estrategia para generar condiciones de seguridad. Una cosa son las expresiones de violencia y los factores que las generan que se ven en municipios como Uruapan, Zamora o Morelia y otra lo que ocurre en otras regiones de la entidad. En ese aspecto, el académico Víctor Sánchez Valdés, afirmó que tal como ocurrió con la implementación de los anteriores planes Michoacán, lo que puede ocurrir es que en lo inmediato seguramente sí habrá una disminución de la incidencia delictiva, pero lo realmente importante es que se desarrollen capacidades institucionales locales que permitan generar condiciones de seguridad duraderas, como el fortalecimiento de las policías e instancias de procuración e impartición de justicia. Destacó que para que eso ocurra, primero es necesario limpiar los cuerpos policiacos y, en general las instituciones actuales de la influencia de grupos delictivos. Recordó que cuando salieron del estado las fuerzas federales enviadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en su “Plan Michoacán”, se fueron fortaleciendo las facciones que surgieron de Los Caballeros Templarios ganando los espacios que dejaron libres las fuerzas armadas. “Un error que no podemos volver a cometer es pensar que una vez que supuestamente limpien la zona no van a resurgir organizaciones u otras no van a tomar los espacios que se dejarán libres”, concluyó.
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