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XALAPA.- Aunque descartan una incursión en las instalaciones de la embajada de México en Perú, autoridades peruanas ampliaron la seguridad en los alrededores de la sede diplomática en Lima, donde permanece asilada la ex primera ministra Betssy Chávez luego de que un juez ordenó prisión preventiva en su contra por el presunto delito de rebelión. El despliegue policial fue registrado por medios locales, que documentaron el aumento de agentes en la sede diplomática mientras continúa la tensión entre ambos gobiernos. El Poder Judicial de Perú emitió una orden de captura internacional y dictó cinco meses de prisión preventiva contra Chávez, quien está acusada de haber participado en el intento de golpe de Estado del ex presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. Lima rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por considerar que el asilo otorgado a la ex premier constituye una injerencia en sus asuntos internos. El juez Juan Carlos Checkley argumentó en la resolución que el peligro de fuga es “palpable”, así como el riesgo de “frustración” del juicio oral. La Fiscalía Peruana Anticorrupción informó que consiguió la prisión preventiva para Chávez “por el delito de rebelión y alternativamente conspiración, en agravio del Estado”. Tras revelarse el hecho, el jefe de la policía, Óscar Arriola, indicó que su institución respeta el marco legal del asilo, por lo que descartó cualquier incursión en la residencia mexicana. “Respetamos el derecho de asilo o refugio (...) cumplimos las normas establecidas en los estándares internacionales que tienen que ver con esa institución jurídica”, aseguró en declaraciones a la prensa. Esto fue confirmado más tarde por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que informó que el gobierno de Perú se comprometió a respetar las inmunidades diplomáticas de México en su territorio, incluida la inviolabilidad de sus inmuebles en Lima, entre ellos la residencia oficial, así como sus bienes y archivos. De acuerdo con una nota informativa, la ratificación fue hecha por el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano y se sustenta en las convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares de 1961 y 1963. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores añadió que México reiteró su solicitud de un salvoconducto para la ex primera ministra. La petición se ampara en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, también conocida como Convención de Caracas, que establece la obligación de los estados de permitir el traslado seguro de una persona reconocida como asilada. Chávez, de 36 años, es juzgada desde marzo y enfrenta una pena de 25 años de prisión. Se encuentra desde hace 18 días en la residencia de la embajada de México en Lima a la espera de un salvoconducto para salir del país.
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