|
|
Foto:
.
|
XALAPA.- En América niñas, niños y adolescentes enfrentan “patrones de violencia” y contextos de desigualdad estructural, exclusión y pobreza, que los colocan en una situación vulnerable para ser reclutados por el crimen organizado, advierten integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones civiles. En una audiencia pública, en el contexto del 194 periodo de sesiones de la CIDH, su presidente José Luis Caballero subrayó que esta problemática es una de las prioridades para este organismo, y debe profundizarse en cómo se “entrelaza” los grupos criminales con la “corrupción de las autoridades, (y) con la impunidad en perjuicio” de los menores. A su vez, el comisionado Carlos Bernal Pulido, planteó que a nivel interamericano pueda haber un trabajo “mancomunado” entre defensorías del pueblo de los países de la región y la CIDH, además de endurecer el marco legal para procesar a las personas que se aprovechen de esas vulnerabilidades de los infantes. Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, y María Eugenia Erazo, del Consejo Regional Indígena del Cauca, señalaron que el reclutamiento forzado es una de las mayores afectaciones a la niñez, que se relaciona con otras violaciones a los derechos humanos, como la desaparición forzada, la trata de personas, feminicidios y ejecuciones extrajudiciales. Indicaron que los grupos criminales además de amenazarlos y prometerles ingresos económicos, han extendido su capacidad a las redes sociales para “cooptar” a los menores con falsas ofertas de trabajo. Ramírez señala que en México se estima que hay entre 145 mil y 250 mil infantes y adolescentes en riesgo de ser reclutados o utilizados por el crimen organizado. Ante este escenario, pidió a los comisionados de la CIDH apoyar la propuesta de que el reclutamiento forzado de menores se tipifique como un delito “autónomo e independiente” y se reconozca a los menores como víctimas y no se les criminalice. Por ejemplo, puso que en el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, se identificó como presunto perpetrador a un joven de 17 años, quien fue asesinado a pesar de ya estar detenido. Externó su preocupación porque con ello las autoridades pretendan cerrar el caso además de “estigmatizar” al adolescente, cuando se deben investigar las redes de complicidad para desarticular la red criminal. “La preocupación es que este tipo de mecanismos se empiezan a utilizar para generar satisfacción social y decir ‘que era un adolescente que tenía un consumo conflictivo de sustancias y el caso esta cerrado’, cuando encontramos a un criminal que era adolescente, estigmatizado, pobre y usuario de drogas. (En lugar de) preguntar quién puso un arma de fuego en las manos de él y cuáles son las redes de complicidad”, recalcó. La directora de la Redim subrayó que los niveles de desigualdad que existen en la región deben ser de la mayor preocupación para los países, debido a que el alto grado de vulnerabilidad de la pobreza ocasiona que este grupo poblacional sea el más afectado. “En México niñas, niños y adolescentes son el grupo de población que más pobreza y pobreza extrema viven, y son estos grupos, sobre todo en la adolescencia, cuando no hay un proyecto de vida posible, el abandono escolar se ha establecido y estas condiciones estructurales se dan… y la imposibilidad de encontrar medios legales de trabajo les hace caer en estas falsas promesas de trabajo para el reclutamiento”, advirtió. En la audiencia virtual, puntualizó que en el reclutamiento inciden factores individuales (el abandono escolar), familiar (cuando el crimen penetró la actividad de los miembros de este núcleo), comunitarios (se normaliza la presencia de grupos armados), e institucional, cuando la corrupción posibilita que haya un “círculo de permisividad”, en lugar de investigaciones y castigos a los responsables. Planteó también que el organismo internacional que se reconozca que es un problema “trasnacional” y que llame a los Estados de la región a informar sobre cuántas personas están siendo procesadas ante la justicia por haber reclutado a menores para actividades criminales, ya que actualmente sólo se da a conocer datos sobre el control de armas, personas abatidas y droga incautada.
|
