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| Detenciones y prisión preventiva oficiosa: la población privada de la libertad crece 7 % en el primer año de Sheinbaum. | ||||||
| De septiembre de 2024 al mismo mes de 2025 hubo un aumento de más de 19,000 personas de la población penitenciaria. | ||||||
| Lunes 10 de Noviembre de 2025 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de septiembre de este año, 18 estados reportaron sobrepoblación en sus centros penitenciarios, de entre los cuales destacan el Estado de México, Sonora y Durango como las entidades con mayor sobrepoblación. En entrevista con El Sabueso, Asael Nuche, investigador de Causa en Común, explica que el aumento de personas privadas de la libertad es una tendencia que viene desde el sexenio del expresidente López Obrador; no obstante, el resultado no se reflejó en una baja en los delitos. Su periodo terminó como el más violento de la historia con un total de 188,986 víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con datos actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). “Por supuesto que no hay una correlación entre el aumento de personas privadas de la libertad o que el gobierno anuncia como detenidas y la comisión de delitos”, asegura Nuche. El sexenio de López Obrador –1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024– concluyó con una población de 234,514 personas privadas de libertad, por lo que el aumento fue de 34 % del cierre de un sexenio al otro. Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), afirma que el aumento en la población penitenciaria no necesariamente es igual a una reducción meta de delitos, pues en las condiciones en las que están los penales en México se cometen delitos en el interior y también contra la población que está fuera de los centros penitenciarios. Sobrepoblación en centros penitenciarios estatales y sin certeza de las personas detenidas De acuerdo con las estadísticas del sistema penitenciario, 136 centros estatales tienen sobrepoblación, con una población total de 233,784 personas, de las cuales 98,348 están procesadas y 135,436, sentenciadas. En el caso de los centros penitenciarios federales, hasta el momento ninguno cuenta con sobrepoblación; sin embargo, muchos están cerca de llegar al límite de su capacidad: Cefereso No. 4 Noroeste: tiene un total de 2,350 espacios y una ocupación de 2,211, por lo que solamente tiene disponibles 139 espacios. Cefereso No. 7 Nor-Noroeste: cuenta con 480 lugares y su población es de 304, es decir, le quedan 176 espacios. Cefereso No. 11 CPS Sonora: tiene 2,520 lugares y su ocupación es de 2,257, por lo que le restan 263 lugares. Cefereso No. 8 Nor-Poniente: tiene capacidad para 812 y su población es de 696, por lo que le quedan 116 espacios. La población total de los 14 centros penitenciarios federales es de 20,325, de los cuales, 5,643 están procesados y 14,682 fueron sentenciados. La organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) menciona que el aumento de personas privadas de la libertad es consecuencia del aumento de las detenciones y el uso de la prisión preventiva oficiosa. “La prisión preventiva continúa siendo utilizada de forma indiscriminada, aun cuando su aplicación debe ser, por mandato constitucional e internacional, una medida de carácter excepcional. La figura de la prisión preventiva oficiosa, que permanece vigente en México a pesar de su evidente inconvencionalidad, ha servido como herramienta de encarcelamiento automático que evade el análisis individualizado y produce una carga innecesaria sobre el sistema penitenciario”, explica la organización. El Censo Nacional de Sistema Penitenciarios en el ámbito federal y estatal, elaborado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), reportó que 47 % de las personas privadas de la libertad se encuentra bajo la prisión preventiva oficiosa, es decir, no cuenta con una condena en su contra. En sus acciones más recientes, el gabinete de seguridad del gobierno de México destacó que en la Ciudad de México, en alcaldías como Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco y Gustavo A. Madero, autoridades como la Secretaría de Marina (Semar), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN) catearon cuatro inmuebles, detuvieron a siete personas y aseguraron diversas dosis de droga. En Culiacán, Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano y policía del estado detuvieron a cinco personas, les aseguraron una ametralladora, 20 armas largas, 77 cargadores, 1,515 cartuchos, 25 artefactos explosivos, siete chalecos tácticos y dos vehículos. Durante un cateo en Atotonilco de Tula, Hidalgo, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército Mexicano y la policía del estado detuvieron a 19 personas, aseguraron ocho armas largas, tres armas cortas, diversas dosis de drogas, seis vehículos y una motocicleta. En Baja California y San Luis Potosí las autoridades emprendieron acciones para asegurar en total 820,012 litros hidrocarburos, de los que no se pudo acreditar su legal procedencia. Pese a que se ha registrado un aumento importante en el número de detenciones, no se tiene la certeza de a quiénes se está poniendo tras las rejas, si se trata de líderes de redes criminales o si simplemente se está combatiendo a la base operativa. “¿A quién se está deteniendo? No lo sabemos, no sabemos si las personas que se están deteniendo realmente forman parte de esas estructuras criminales, también qué niveles de responsabilidad tienen dentro de esas redes, pero el problema es que no sabemos si los jefes o dirigentes de estos grupos ya fueron detenidos o al menos se les está buscando”, explica Asael Nuche. El investigador de Causa en Común menciona que hay autoridades coludidas con el crimen que pertenecen a los niveles municipales, estatales e incluso federales, de quienes se desconoce si están o no siendo investigadas. En los casos antes mencionados hay un gran nivel de impunidad y protección para las cabezas políticas, que lo único que revelan es que no se está haciendo nada para combatir a las redes de macrocriminalidad, puntualiza el investigador. Jorge Márquez reconoce que durante el primer año de gobierno de Sheinbaum sus acciones de seguridad se han centrado en el combate de cuatro delitos en específico que son el huachicol fiscal, piratería, homicidios y la extorsión. Lo anterior, para el especialista, se traduce en una estrategia deficiente, pues considera que cuando se combate una de las fuentes de ingreso de un grupo criminal este emigra a otra, es decir, si el grupo delictivo percibe mayor riesgo al cometer extorsiones o las detenciones aumentan por esta actividad termina por buscar otro medio que le genere dinero, como el narcomenudeo, lo que al final provoca que no se perciba una baja en los delitos de alto impacto. “Cuando atacas una de las principales fuentes de ingreso de los delincuentes o de un grupo delictivo terminan por emigrar a otra actividad, entonces si detectan que hay problemas en el narcomenudeo, pues se pasan a extorsión o alguna otra actividad que les genere dinero”. añade Márquez. El delito de extorsión aumentó, de enero a septiembre de 2025, un 20.8 % en comparación con el mismo periodo de 2019, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y al comparar los primeros nueve meses de este año frente a los de 2024, las víctimas de este delito subieron 5.2 %. En el caso de los homicidios a nivel nacional, al comparar las víctimas registradas de enero a septiembre de 2025 con el mismo periodo de 2024, se registró una disminución de tan solo 19 %. Sin embargo, México Evalúa reportó que 17 entidades del país presentan cifras preocupantes de violencia letal. La lista la encabeza Baja California, Sinaloa, Morelos, Guanajuato y Quintana Roo. Los cinco estados que han registrado un mayor incremento de la tasa de violencia letal de enero a septiembre de 2025 son: Sinaloa, con un 59.2 %; Hidalgo, con 57 %; Baja California Sur, con 31.2 %; CDMX, con 25.4 %, y Nayarit, con 22.6 %. De acuerdo con la organización A Dónde van los Desaparecidos, durante el primer año de gobierno de Sheinbaum —de octubre de 2024 al mismo mes de 2025— se han reportado 14,765 desapariciones forzadas, 16 % más que en el último año de López Obrador, cuando hubo 12,695 víctimas. El Informe Nacional de Desapariciones 2025 del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, con corte a mayo de 2025, señala que año con año se ha registrado un aumento en el porcentaje de desapariciones. En 2023 los casos aumentaron 7.3 %; en 2024, 6.3 %; mientras que en 2025 se duplicaron –hasta mayo– en 12 %. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado casos en los que servidores públicos participan en la desaparición forzada de personas, motivo por el que el Comité contra Desapariciones Forzadas anunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la activación del artículo 34 a México, con el que se inicia un proceso para determinar si en el país las desapariciones pueden considerarse generalizadas o sistemáticas. El Comité de la ONU ha enfatizado en la problemática de que agentes municipales, estatales y federales han cometido y permitido que ocurran desapariciones forzadas desde gobiernos pasados, sin que exista una intervención de parte del Estado mexicano para prevenir y mitigar los crímenes cometidos. Incluso, durante la conferencia mañanera del 27 de octubre la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las desapariciones que ocurren en México están vinculadas con la delincuencia organizada en la mayor parte de los casos, además de que negó que el Estado mexicano participe en la concepción de este delito. Sin embargo, las propias autoridades han registrado la participación de agentes mexicanos en este delito. “Es un tema bastante agudo, yo no creo que se trate de una crisis, más bien ya es un problema crónico, y las cifras alarmantes de desaparecidos contrasta fuertemente con el número de personas privadas de la libertad”. Lisa Sánchez añade que en muchos de los centros penitenciarios del país las autoridades no tienen el control de las instalaciones y a ello se debe la deficiencia en que operan las prisiones. Los centros penitenciarios tienen un enorme defecto, comenzando con el hecho de que no se esté ejecutando una estrategia para combatir la sobrepoblación en los penales, ya que, considera Asael Nuche, esta situación descontrolada puede causar mítines, fugas e incluso homicidios entre los propios internos. La prisión preventiva oficiosa continúa llenando los centros penitenciarios El 31 de diciembre de 2024, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó una reforma constitucional que amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Por lo anterior un juez puede ordenar la prisión preventiva oficiosa en casos como abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales y robo de transporte en cualquier modalidad. También aplica para corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas de fuego y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley. Sin embargo, organizaciones y colectivos como #LaJusticiaQueQueremos han denunciado que con la prisión preventiva oficiosa se encarcela automáticamente a las personas, acción que violenta el derecho internacional en materia de derechos humanos. Para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la prisión preventiva oficiosa puede ser violatoria del derecho a la libertad personal. La medida debe atender un fin legítimo de carácter procesal, para asegurar la comparecencia de la persona imputada al procedimiento penal y controlar otros riesgos procesales como son la obstaculización de las investigaciones y la puesta en riesgo de la integridad de víctimas y testigos. Además, Lisa Sánchez, directora general de MUCD, afirma que la prisión ya no es indicador de culpabilidad en la comisión de un delito porque ahora la prisión preventiva oficiosa se amerita por una gran cantidad de delitos, lo que representa que aunque se está deteniendo a personas en grandes cantidades, lo que no se sabe es si realmente cometieron el delito del que se les acusa. “No podemos afirmar que las más de 19,000 personas que ingresaron a los penales durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum en realidad hayan tenido un juicio que haya sido producto de una judicialización exitosa, de una investigación criminal exitosa, en donde se haya probado la culpabilidad”, añade Lisa Sánchez. Baja denuncia de la ciudadanía La organización México Evalúa detalla que solo se denuncian e investigan siete de cada 100 delitos, mientras que el 93 % restante no llega al conocimiento de las autoridades ni se refleja en las cifras oficiales porque los ciudadanos consideran que el sistema de justicia no funciona. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025 destaca que 93.2 % de los 33.5 millones de delitos que ocurrieron en 2024 no se denunció o la autoridad no inició una carpeta de investigación. El año pasado, en 11.4 millones de hogares en México, al menos una o un integrante fue víctima de algún delito, lo que equivale al 29 % del total del país. Esta cifra también se traduce como 24,135 víctimas por cada 100,000 habitantes. Las razones comunes por las que la ciudadanía no suele denunciar los delitos, de acuerdo con la encuesta Envipe, se debe en un 34.6 % por pérdida de tiempo, 14 % por desconfianza en la autoridad, 10.2 por trámites largos y difíciles, 3.4 % por actitud hostil de la autoridad y 0.8 % por miedo a ser extorsionado. Jorge Márquez, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, revela que las cifras anteriores son un indicador importante de que no se tiene como tal una cifra exacta o se vuelve incalculable cuántos delitos ocurren por día, por mes o por año en el país. “El problema de los reportes de seguridad que se emiten es que contienen cifras inexactas porque muchas personas no denuncian y lamentablemente no hay cámaras en todos lados para corroborar que hay delitos de los que no se tiene conocimiento que ocurrieron”, concluye Jorge Márquez. Por: Daniel Medrano |
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