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XALAPA.- Ante la sistemática tendencia de los gobiernos de Morena a no cumplir con la ley ni con los fallos de los tribunales, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) advirtió formalmente a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, que se le impondrán dos multas de hasta 300 UMAS cada una, por desacato si continúa negándose a cumplir una sentencia firme que obliga al gobierno a pagar a una empresa constructora que ejecutó y entregó obras públicas en la entidad. A la negativa de pago a empresas constructoras, hay que sumar los fallos firmes de laudos que los tribunales laborales han emitido a favor de trabajadores y que de igual forma el gobierno morenista se ha negado a cumplir con las mismas tácticas dilatorias argumentando oficios enviados a la Secretaría de Finanzas. De acuerdo con la información que contiene el expediente SG/GJ/3951/09/2025, el pasado 5 de septiembre se emitió el primer apercibimiento a Rocío Nahle, en calidad de titular del gobierno de Veracruz y dado que continúa incumpliendo, el pasado 23 de octubre, se tuvo que lanzar el segundo apercibimiento con instrucción de multa en caso de que continúe la negativa de pago. El documento refiere que, la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno, en representación de la mandataria estatal, entregó documentación el 22 de septiembre de 2025 donde reconoce haber solicitado al Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV) cumplir con la sentencia. El fallo es contundente: si el Instituto de Espacios Educativos continúa sin ejecutar la resolución judicial, la gobernadora enfrentará dos multas equivalentes a 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA) cada una, además de la posibilidad de que el caso escale a otro tipo de sanciones por incumplimiento reiterado de un mandato federal. El caso de demanda de pago corresponde al iniciado por la empresa Inmobiliaria y Construcciones ESRO, S.A. de C.V. y se ha convertido en símbolo de la deuda histórica del estado con contratistas que realizaron obras públicas con recursos federales que nunca fueron liquidadas, pero también de laudos de trabajadores del gobierno estatal. La empresa —con sede en Xalapa— denunció hace unos meses que ejecutó y entregó seis obras educativas entre ellas las escuelas Margarita Morán (Veracruz), Mundo Nuevo (Coatepec), Leopoldo Kiel (Xalapa) y una secundaria en Papantla, todas bajo contrato con el IEEV y que esos trabajos no le han sido pagados. En su reciente informe ante el Tribunal, Espacios Educativos admitió encontrarse “impedido para cumplir” por falta de recursos propios y limitaciones presupuestales, alegando que solo podrá hacerlo una vez que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) apruebe la ampliación presupuestal solicitada mediante oficio IEEV/DHG/OF/1281/25, de fecha 22 de septiembre de 2025. No obstante, para el Tribunal Federal, el argumento es insuficiente y sentenció que la gobernadora, como superior jerárquico de la autoridad demandada, tiene la obligación legal de cumplir con el mandato judicial. El Tribunal también invocó el artículo 20, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, ordenando al Ejecutivo utilizar su “facultad de imperio” para que SEFIPLAN libere los recursos y el pago se efectúe de inmediato. Pese a los requerimientos judiciales, la administración estatal no ha transparentado las gestiones internas ni los dictámenes financieros que justifiquen la falta de pago. De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, la negativa de cumplir con la sentencia no solo vulnera el Estado de Derecho, sino que podría derivar en responsabilidad administrativa y penal por desacato a una orden judicial federal. El expediente, que se arrastra desde 2019 en tribunales administrativos, revela una red de omisiones institucionales: Espacios Educativos niega recursos, SEFIPLAN no amplía presupuesto. La resolución del 23 de octubre de 2025 es solo el capítulo más reciente de un conflicto que expone la ineficiencia, la opacidad y el incumplimiento sistemático de sentencias judiciales en Veracruz. Con esta nueva advertencia, el Tribunal Federal deja claro que el desacato ya no podrá justificarse por “falta de recursos”, sino que deberá asumirse como una decisión política de incumplir la ley. Por lo anterior, si el Estado no cumple con la sentencia en los próximos meses, la gobernadora podría ser sancionada y obligada judicialmente a garantizar el pago marcando un hecho sin precedentes en la historia reciente del estado. Así las cosas.
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