De Veracruz al mundo
Salida de Duarte solo confirmaría que acuerdos políticos pesan más que las leyes, dice colectivo de búsqueda del Estado; el daño está hecho, refieren .
Sábado 08 de Noviembre de 2025
Por: REDACCION GOBERNANTES
Foto: Cortesia..
Xalapa, Ver.-

Luego de que se diera a conocer que el exgobernador de Veracruz Javier Duarte solicitara libertad anticipada tras cumplir 95 por ciento de su condena. Colectivos de familiares de desaparecidos y empresarios expresaron su indignación ante la solicitud judicial que podría dejarlo en libertad en las siguientes semanas. Veracruz sigue dividido entre quienes piden justicia y quienes reclaman garantías legales. La audiencia de Duarte de Ochoa será más que un trámite judicial: será una prueba pública sobre cuánto pesa la memoria frente a la ley. Liberación del expriista antes de 2026 sería una afrenta para las víctimas, expuso Lucía de los Ángeles Díaz Genao, fundadora del Colectivo Solecito. Para ella, la excarcelación del exmandatario “sería imperdonable” porque durante su gobierno aumentaron las desapariciones. Recordó que su organización denunció ante la Corte Penal Internacional la desaparición forzada de jóvenes en la colonia Formando Hogar, con pruebas que, según asegura, siguen sin revisarse. Victoria Delgadillo, del Colectivo Enlaces Xalapa, coincidió. A su juicio, liberar a Javier Duarte sería la prueba de que no hay justicia, y evocó los casos de niños con cáncer que murieron sin medicinas adecuadas durante esa administración. “Hizo tanto daño a Veracruz que no tiene derecho a ser libre”, indicó. La indignación también alcanzó al sector empresarial. Jesús Castañeda Nevares, de la asociación Empresas SOS, recordó que el gobierno de Javier N dejó adeudos superiores a 11 mil millones de pesos con más de dos mil proveedores y contratistas. El daño está más que hecho, afirmó. “Su salida solo confirmaría que los acuerdos políticos pesan más que las leyes”. En un comunicado, Bernardo Martínez Ríos, del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa, pidió que cualquier decisión judicial se base en criterios jurídicos y no políticos. “Nuestro interés es que prevalezca la certeza jurídica y la confianza institucional”, sostuvo. El exgobernador fue detenido en Guatemala en 2017, extraditado a México y sentenciado en 2018. Actualmente cumple condena en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Su defensa argumenta que ya reúne los requisitos para acceder a la liberación anticipada, entre ellos, haber cumplido más del 95 por ciento de la pena impuesta. La audiencia donde se decidirá su futuro será en los próximos días.

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