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XALAPA.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) celebró la aprobación unánime del Senado de la República para aprobar modificaciones legales que salvaguardan la autonomía sindical y sancionan cualquier injerencia de servidores públicos en la vida interna de las organizaciones gremiales. El senador Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE; fue quien presentó la reforma que dijo que representa un paso histórico para consolidar la libertad, democracia y transparencia de los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado”. Destacó que con lo aprobado este miércoles es garantizado pleno respeto a la voluntad de los trabajadores, y son establecidas sanciones claras para evitar toda forma de intromisión en los procesos de elección, reelección o destitución de dirigencias sindicales. Señala que el nuevo marco legal protege la independencia de los sindicatos frente a cualquier interés ajeno a sus integrantes, blinda y garantiza la autonomía sindical, y garantiza que nunca más el poder político interferirá en sus decisiones, ni sustituirá la voluntad de los trabajadores. “Con esta reforma le cerramos otra puerta más a la corrupción; no más ventajas indebidas, no más abusos del cargo, no más dirigencias a modo, no más subordinaciones indignas; en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación tenemos claro que los derechos laborales son derechos humanos”, afirma. El Maestro dirigente explica que el decreto aprobado pasó a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación. Detalla que adiciona el Artículo 69 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 constitucional y el Artículo 64 Quáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Cepeda Salas comenta que con estas modificaciones es considerada falta administrativa grave cualquier acción de servidores públicos que obstaculice o interfiera en los procesos democráticos internos de los sindicatos. DETALLA que el decreto amplía la protección jurídica a las organizaciones sindicales del apartado B del Artículo 123 constitucional, al establecer que los actos de injerencia —ya sean directos o por interpósita persona— serán sancionados con suspensión temporal del cargo, destitución o inhabilitación de uno a 20 años, así como sanciones económicas, según corresponda. “La sanción constituye una medida preventiva para que las personas servidoras públicas no cedan a la tentación de interferir en la vida interna de los sindicatos, y desde luego es también una medida correctiva ejemplar para quienes insistan en violar su autonomía”, expresó el senador. Finalmente dijo que el decreto “fortalece el Estado de derecho, consolida la democracia sindical y asegura que la asociación, libre elección y representación de las y los trabajadores se respeten plenamente”.
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