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XALAPA.- Luego de que no obtuvo la suspensión definitiva en el juicio de amparo que promovió ante el Juzgado Segundo de Distrito, Guadalupe Díaz del Castillo Flores, exsecretaria de Salud en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez – el peor gobernador de la historia de Veracruz -, podría ser llamada a comparecer ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Habría que recordar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó irregularidades por mil 78 millones de pesos en el manejo de recursos federales durante 2024, último año del gobierno de García Jiménez. Según la Segunda Entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior, los SESVER, bajo la gestión de Díaz del Castillo, realizaron transferencias a cuentas no autorizadas, mezclaron fondos de distintas fuentes y efectuaron pagos no acreditados, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal. Por su parte, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó un presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública 2024, por 83 millones de pesos en los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), derivado de irregularidades en anticipos, almacenes y bienes muebles. El monto más alto, por 56 millones 665 mil pesos, corresponde a anticipos no amortizados entregados a la empresa Grupo Antber, S.A. de C.V., por la adquisición de sistemas fotovoltaicos y equipos para hospitales en Coatzacoalcos, Xalapa, Córdoba y el Centro Estatal de Cancerología. Por lo pronto, tras el revés judicial, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito admitió a trámite el recurso de revisión presentado por la defensa de la exfuncionaria, quien impugnó la sentencia dictada dentro del juicio de amparo 534/2025. El Juzgado Segundo de Distrito había sobreseído el amparo y negado la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados en la causa penal iniciada por la Fiscalía Especializada. Durante la tramitación del juicio, el órgano federal le concedió una suspensión provisional que impedía la ejecución de una posible orden de aprehensión o comparecencia forzada, medida que se mantuvo hasta la resolución definitiva. La decisión del Tribunal Colegiado definirá si se confirma el sobreseimiento dictado por el Juzgado Segundo o si se modifica el fallo respecto a la solicitud de amparo promovida por Díaz del Castillo.
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