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XALAPA.- De acuerdo con Adriana López, integrante de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, el estado de Veracruz ocupa el segundo lugar nacional en delitos de violencia sexual, y el número de casos no sólo refleja la violencia, sino la insuficiente respuesta institucional. La activista lamentó que las mujeres siguen topándose con puertas cerradas, con trámites innecesarios o con prejuicios que terminan revictimizándolas. López explicó que la mayoría de las agresiones sexuales no ocurren en espacios públicos, como suele creerse, sino dentro del hogar o el entorno cercano. “Son los padres, tíos, abuelos o conocidos quienes muchas veces ejercen la violencia. Pero el mito del desconocido en la calle sigue pesando más”, refirió. Más aún, explicó que ese mismo desconocimiento se traslada al ámbito médico, pues aunque la NOM-046 garantiza el acceso al aborto legal para víctimas de violación sin denuncia previa ni autorización judicial, todavía hay personal de salud que desconoce o desconfía del procedimiento. “Algunas jóvenes deben pasar por filtros que la ley no exige. Se les pide denuncia o acompañamiento de los padres, cuando en realidad el servicio debería otorgarse de inmediato”, aseguró la activista. Refirió que la falta de información empuja a muchas mujeres, en especial menores, indígenas o habitantes de zonas rurales, a buscar opciones fuera del sistema formal de salud, con los riesgos que ello implica. La integrante de la organización Católicas por el Derecho a Decidir agregó que casos recientes en otros estados, como Jalisco, confirman que la negativa o demora en el acceso a la interrupción del embarazo sigue ocurriendo a pesar de que la norma federal es clara. Por lo anterior, Adriana López consideró urgente una capacitación integral del personal médico y administrativo, además de campañas públicas que expliquen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. “El problema no es la ley, sino la falta de voluntad y conocimiento para aplicarla”, advirtió. Para la activista, garantizar estos servicios no se trata de un debate moral, sino de proteger la vida y la dignidad de quienes han sobrevivido a una agresión. “Cuando una mujer decide interrumpir un embarazo tras una violación, ejerce su derecho a decidir sobre su cuerpo. Negarle ese derecho sólo la deja más sola y más vulnerable”, concluyó.
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