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XALAPA.- Prueba de que además de su ineptitud, el entonces gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez – el peor de la historia de Veracruz – también incurrió en actos de corrupción, por acción u omisión, es el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que colocó a Veracruz como el estado con mayor monto por aclarar en la segunda entrega de la revisión a la Cuenta Pública 2024. El documento de la ASF fue contundente: el gobierno de Cuitláhuac García “infringió la normativa, principalmente en materia de transferencia, destino de los recursos, servicios personales y adquisiciones”. De este modo, Veracruz, con 1,115 millones de pesos en observaciones, se mantiene a la cabeza a nivel nacional y se consolida como el foco principal de irregularidades detectadas en el país. La ASF detectó presuntas irregularidades por 1,115.3 millones de pesos (mdp) en el uso de recursos federales durante el último año de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. Según el informe, Veracruz concentró el 24.2% del total nacional de recursos públicos observados, superando a otras entidades como: Chiapas, con 678.5 mdp (14.7%), Hidalgo, con 603.8 mdp (13.1%) y Durango, con 416.6 mdp (9.0%). En contraste, Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas no presentaron montos pendientes por aclarar. Del total observado, 1,078 millones de pesos corresponden a recursos federales destinados al sector salud en Veracruz, de los cuales no se comprobó su correcta aplicación, lo que representa el 94% de las irregularidades detectadas. La Auditoría detectó que gran parte de este dinero pertenecía al Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social, al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y a otros programas orientados a la atención médica de personas sin seguridad social. En todos los casos, el patrón se repitió: falta de documentación comprobatoria que ampare la entrega de bienes y servicios adquiridos, pagos en exceso y listados de personal que no pudieron ser verificados. La ASF señaló que el gobierno de Cuitláhuac García no acreditó la existencia de los servicios contratados ni la recepción de los insumos médicos, lo que constituye un posible daño a la Hacienda Pública Federal. En el caso de los contratos de servicios subrogados de vigilancia en hospitales y centros de salud, la administración estatal tampoco pudo demostrar la realización de las labores, pues no presentó disposiciones escritas al personal, listados de asistencia ni reportes de supervisión. Este rubro generó un daño patrimonial estimado en más de 93 millones de pesos. La ASF encontró que no existe documentación comprobatoria sobre el destino ni la entrega de bienes y servicios en varios programas, entre ellos: 730 mdp del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social (U013 2024): No se acreditó la entrega de bienes y servicios pactados en los contratos. 99.4 mdp del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA 2024): Falta de evidencia documental sobre adquisiciones y entregas. 93.4 mdp del Programa de Atención a la Salud de Personas sin Seguridad Social: No se comprobó la aplicación correcta de los recursos. 20.3 mdp del FASSA: Pagos en exceso y listados de vacunadores sin vínculo laboral comprobado. Estas observaciones reflejan, según el informe, “falta de control, documentación incompleta y posibles pagos por servicios inexistentes”. Según el organismo fiscalizador, el grueso de las irregularidades detectadas está relacionado con contratos millonarios que fueron pagados con recursos federales, pero de los cuales no existe evidencia que acredite que los bienes o servicios se entregaron realmente. Las inconsistencias incluyen servicios de limpieza, adquisición de vehículos, compra de medicamentos y otros insumos médicos. Además, se identificaron faltantes en retenciones del Impuesto Sobre la Renta y cuotas no enteradas, así como discrepancias entre los reportes enviados al Gobierno Federal y los registros contables del propio estado. La ASF subrayó que el Gobierno de Veracruz “no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de los recursos del Gasto Federalizado Transferidos para ser Ejercidos en Materia de Salud”, lo que derivó en múltiples deficiencias en el manejo financiero. Entre los principales hallazgos destacan: Contratos millonarios sin evidencia de entrega de bienes o servicios. Pagos por servicios de limpieza, vigilancia, vehículos e insumos médicos sin comprobación. Faltantes en retenciones y cuotas del ISR. Reportes de gasto inconsistentes con los registros contables estatales. El informe advierte un “probable daño a la Hacienda Pública Federal” por al menos 1,078 mdp en el sector salud, equivalente al 11% de los recursos federales recibidos por Veracruz en ese rubro durante 2024. Un caso destacado fue el del servicio subrogado de vigilancia en hospitales y centros de salud, donde no se encontraron: Disposiciones escritas a los elementos de seguridad. Listados de asistencia o inasistencia. Evidencias de supervisión por parte del Departamento de Servicios Generales. El posible daño patrimonial por este contrato supera los 93 millones de pesos. En su evaluación, la Auditoría señaló que el gobierno de Veracruz “no dispone de un adecuado sistema de control interno” para garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos. La ausencia de mecanismos de supervisión “limitó el cumplimiento de los objetivos de los programas de salud” y favoreció las irregularidades detectadas. Además, la ASF afirmó que el gobierno estatal incumplió con las obligaciones de transparencia, al reportar al Gobierno Federal cifras distintas a las de sus propios registros contables. “El Gobierno del Estado de Veracruz no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Gasto Federalizado Transferidos para ser Ejercidos en Materia de Salud 2024”, concluye el informe. De este total, 4,606 millones corresponden a gobiernos estatales, siendo Veracruz el principal responsable. El informe concluye que la administración de Cuitláhuac García “no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Gasto Federalizado Transferidos para ser Ejercidos en Materia de Salud 2024”, y que no cumplió con los objetivos ni metas establecidos. La ASF también evidenció que el gobierno estatal incumplió las obligaciones de transparencia, al reportar al Gobierno Federal cifras distintas a las que aparecen en sus registros internos. A nivel nacional, la ASF reportó un monto total de más de 5,100 millones de pesos por aclarar en la segunda entrega de la revisión a la Cuenta Pública 2024, considerando tanto el gasto federal directo como el ejercido por los estados y municipios.
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