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XALAPA.- Por considerar que la propuesta ya había sido descartada en 2022 tras estudios que demostraron su inviabilidad técnica y social, cámaras empresariales de la región de Córdoba-Orizaba rechazaron categóricamente el proyecto federal que considera la instalación de dos nuevas casetas de peaje en los tramos Balastrera, Nogales, y Amatlán de los Reyes, como parte del plan de modernización de la autopista 150D Córdoba–Orizaba–Ciudad Mendoza, en el estado de Veracruz. La iniciativa, presentada por la empresa Cal y Mayor y Asociados, que fue respaldada por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), considera una inversión aproximada de cinco mil millones de pesos a través del esquema de inversión mixta, con un contrato de 10 años que incluye modernización, mantenimiento, rehabilitación y operación de 45.3 kilómetros de vía. Sin embargo, los representantes de la Canaco, Canacintra, Coparmex, Canacar y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reiteraron que esta propuesta ya había sido descartada en 2022 tras estudios que demostraron su inviabilidad técnica y social. En su lugar, se optó por desmantelar la antigua caseta de Fortín, lo cual permitió normalizar el flujo entre el centro del estado y el altiplano. “Retomar este proyecto es volver a abrir un conflicto ya resuelto”, consideró Eugenio Raúl Rodríguez, ingeniero con experiencia en obra pública. Los empresarios señalaron que la instalación de nuevas plazas de cobro impactaría a más de 12 municipios en la zona centro, tanto en términos de movilidad como de competitividad económica. Además, se pondría en riesgo infraestructura crítica localizada en ese tramo, incluyendo ductos de Pemex, gasoductos y líneas de alta tensión (CFE), red de fibra óptica y telecomunicaciones (Telmex), el Acueducto Nogales–Córdoba, infraestructura ferroviaria y red hídrica por los ríos Chiquito, Orizaba, La Carbonera, Calavera y Arroyo Caliente, entre otros. Señalaron que también se verían afectados accesos a instalaciones estratégicas como la planta de Pemex, el Parque Industrial de Orizaba y zonas urbanas con alto flujo vehicular. Por lo anterior, el sector empresarial solicitó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Capufe y Fonadin la suspensión inmediata del proceso de licitación del proyecto, así como la conformación de una mesa técnica de análisis con la participación de municipios colindantes, cuerpos de emergencia, prestadores de servicios públicos y organizaciones ciudadanas. Así las cosas.
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