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XALAPA.- Ahora como defensor de la 4T, el coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar, acusó que hay una campaña de desinformación contra la reforma a la Ley de Amparo en la que están inmersos “empleados o abogados de deudores fiscales muy conocidos, comentócratas aliados al viejo sistema”, incluso jueces o magistrados “que se vieron afectados con la reforma judicial”. Dijo que “no se puede engañar a la gente diciendo que es retroactivo algo que no lo es, quizás deberíamos ver a qué intereses responden quienes hoy critican esta reforma, que lo único que busca es hacer un juicio de amparo más ágil, más cercano, más claro y corregir algunos excesos” para el cobro de créditos fiscales. Los ajustes a la ley, sostuvo, evitarán que “ciertas personas utilicen una institución tan noble para fines ilícitos o al menos socialmente censurables”. Justificó que con la reforma “se evita el abuso que se estaba haciendo con suspensiones para dificultar y obstaculizar el combate a lavado de dinero”. Expresó: “creo que todas y todos podemos estar de acuerdo que una institución tan noble como el amparo no puede servir para defender y proteger a gente que se dedica a lavar dinero y ser parte de la delincuencia organizada”. Señaló que a los opositores “se les hace muy fácil simplemente descalificar… mienten deliberadamente”. Uno de los magistrados que critica “se dedicó a otorgar suspensiones generales, favoreciendo a empresas extranjeras en materia energética, violando la ley y generando muchos daños al país”. En conferencia presidencial, Zaldívar subrayó que en la reforma no hay retroactividad. “Todas las etapas de los juicios de amparo en trámite que hayan concluido, es decir, la admisión de la demanda, la suspensión, la resolución de algún recurso ya no se pueden tocar”. Pero “las etapas futuras se regirán por las reformas a la Ley de Amparo; aquí no hay ninguna retroactividad y no se afecta ningún derecho de los justiciables”. Resaltó que el amparo ahora será más expedito, ágil y moderno, especialmente para cobrar créditos fiscales, cuyos procesos duraron años, “con un daño enorme a la colectividad, a la sociedad, al pueblo de México”. Ahora, ante un crédito firme, “las diferentes etapas del procedimiento de cobro no se pueden impugnar; se impugnará la resolución final, lo que no afecta la defensa de los particulares ni de los deudores”. Al final del procedimiento, aseguró, podrán hacer valer todas las defensas que quieran, y si se equivocó la autoridad, se otorgará el amparo, obviamente, pero si no tendrán que pagar y el procedimiento se acorta durante varios años”. Ante las críticas, sostuvo que “estamos inmersos en una campaña de desinformación en la que se busca hacer creer a la opinión pública que las reformas a la Ley de Amparo recientemente aprobadas son regresivas y limitan la defensa de las personas en relación con sus derechos”, lo que es absolutamente falso. “Un gobierno que viene de una historia de defensa de la democracia y de los derechos humanos, no podría proponer reformas regresivas en materia de derechos humanos”.
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