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Xalapa, Ver.-
Las Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC), demandan al gobernador de Chiapas dad, Eduardo Ramírez, establecer acciones inmediatas “y efectivas” para proteger la integridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, advierten que militarización del territorio, no ha reducido la violencia. Además, solicitan a la fiscalía del estado de Chiapas informar sobre el avance de las investigaciones por los delitos cometidos contra defensores y agilizar los procesos judiciales, ya que han detectado que su trabajo está siendo muy limitado. En un comunicado también piden a la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitir un informe especial sobre la situación de defensores y periodistas en Chiapas, donde también se detallen las quejas presentadas contra funcionarios públicos involucrados en agresiones o violaciones a derechos humanos. Recordaron que entre enero de 2024 y mediados de 2025, se documentaron 156 agresiones contra personas defensoras en la entidad, incluyendo cuatro asesinatos y 131 ataques directos en represalia por su labor. “Estas agresiones abarcan intimidaciones, difamaciones, actos de vigilancia y ataques armados, como la masacre de Nueva Morelia, el asesinato del sacerdote, Marcelo Pérez Pérez, y las agresiones contra integrantes de la organización civil Las Abejas de Acteal. Los perpetradores han incluido tanto grupos del crimen organizado como fuerzas de seguridad estatales”, señalan en el escrito. De manera reciente, agregan, el allanamiento al domicilio de Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba), volvió a evidenciar el hostigamiento sistemático que enfrenta esta organización, referente clave en la defensa de comunidades indígenas y poblaciones vulnerables. Desde 2024, el CDH Frayba ha sufrido al menos 46 agresiones, entre ellas vigilancia, allanamientos y declaraciones difamatorias por parte de autoridades. En un patrón paralelo, apuntan que el 5 de agosto de 2025 fue detenido arbitrariamente Luis García Villagrán, fundador del Centro de Dignificación Humana A.C., poco antes de la salida de una caravana migrante. Pese a la falta de pruebas, fue acusado de delincuencia organizada y tráfico de personas. “Un juez determinó la legitimidad de su labor en defensa de los derechos de las personas migrantes y anuló la orden de detención; sin embargo, autoridades federales lo estigmatizaron públicamente, contribuyendo a un clima de criminalización e intimidación hacia quienes defienden los derechos de las personas migrantes”, mencionan. La situación de las personas periodistas también es alarmante. Entre 2021 y 2024, se registraron los asesinatos de Fredy López Arévalo (28 de octubre de 2021) y Víctor Alfonso Culebro Morelos (28 de junio de 2024). Además, se han documentado 21 agresiones contra mujeres periodistas entre 2024 y 2025, siendo este último año el más violento, con 16 casos reportados, incluyendo dos allanamientos. A pesar del discurso oficial de “pacificación” impulsado por el gobierno estatal desde su entrada en funciones el 8 de diciembre de 2024, reclaman que Chiapas muestra desafíos alarmantes de las condiciones de seguridad y derechos humanos, pues desde el gobierno se habla de reconciliación y diálogo, pero en la vida diaria las agresiones contra quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo persisten. “La estrategia estatal, centrada en la contención y la militarización del territorio, no ha reducido la violencia”, afirman. Consideran que la llamada “pacificación” contrasta de forma flagrante con el persistente clima de violencia, desplazamiento y criminalización. “Lejos de construir condiciones de paz, las políticas actuales han normalizado la presencia militar y la represión, mientras se desatienden las causas estructurales de la conflictividad: la pobreza, el despojo, la impunidad y la ausencia de un Estado que garantice justicia”, advierten.
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