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Xalapa, Ver.-
En medio de la tragedia, el Gobierno del Estado de Veracruz reformó el Fideicomiso de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales y otros Siniestros, con el objetivo de fortalecer la respuesta, reconstrucción y prevención ante emergencias como las registradas en el norte del estado por las recientes lluvias. El decreto, publicado el viernes 10 de octubre en la Gaceta Oficial del Estado, establece que el Comité Técnico del Fideicomiso deberá actualizar en un plazo de 30 días hábiles las reglas de operación y definir los procedimientos administrativos y legales para ejecutar los recursos de manera más eficiente. De acuerdo con el documento oficial, las modificaciones cumplen con el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que obliga a los estados a destinar recursos específicos en sus presupuestos para atender desastres naturales y reconstruir infraestructura pública dañada. El decreto precisa que las entidades deberán asignar al menos el 10 por ciento del monto destinado a la reconstrucción como fondo preventivo, tomando como referencia el promedio de recursos ejercidos en los últimos cinco años, actualizados por el Índice Nacional de Precios al Consumidor. “La administración estatal busca incrementar las capacidades para mitigar y recuperarse de situaciones de desastre, fomentando una cultura de prevención y fortaleciendo las herramientas institucionales”, señala el decreto publicado. Las reformas definen tres líneas prioritarias de acción: Financiar obras y acciones emergentes, así como la reconstrucción de infraestructura pública y vivienda dañada. Adquirir materiales, maquinaria e insumos para las etapas de mitigación, emergencia y recuperación. Destinar parte del patrimonio fideicomitido a proyectos de prevención y reducción de riesgos, con base en evaluaciones técnicas y de vulnerabilidad. El nuevo decreto, denominado “Fideicomiso de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales y otros Siniestros del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, entró en vigor este sábado 11 de octubre de 2025. La reforma se publica en medio de la emergencia por inundaciones y deslaves en Poza Rica, Álamo, Cazones y Texcatepec, donde miles de familias resultaron afectadas por el desbordamiento del río Cazones. El gobierno estatal mantiene activo un operativo interinstitucional para la distribución de víveres, atención médica y reconstrucción de caminos, además de evaluar la instalación de un puente aéreo hacia comunidades incomunicadas.
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