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Xalapa, Ver.-
En medio de confrontaciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Aduanera, mediante la cual se busca endurecer las medidas de control fiscal y de trámites para la importación y exportación de mercancías, además de combatir el tráfico de combustibles y atacar la corrupción en ese sector. Es pura “maroma”, dice la oposición. Tras un debate de cuatro horas, el pleno de San Lázaro avaló los cambios por 338 votos de Morena y sus aliados, y 129 en contra de la oposición, que acusó a la mayoría de imponer los cambios sólo con motivos recaudatorios, y no para atacar “a fondo” delitos como el denominado “huachicol fiscal”. En tribuna, el presidente de la Comisión de Hacienda, Antonio Carol Altamirano (Morena), explicó los alcances de la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Detalló que el dictamen --que modifica 65 artículos, adiciona 44 y deroga 9--, propicia la modernización tecnológica de las aduanas; elimina el carácter vitalicio de las patentes aduanales; establece certificaciones periódicas a las mismas, y fortalece controles a los programas de facilitación aduanera, como la importación temporal. Asimismo, establece la corresponsabilidad solidaria de los agentes aduanales; aumenta los controles a las operaciones aduaneras, y establece que éstos deberán verificar que importadores y exportadores cuenten con los documentos que acrediten las regulaciones y restricciones no arancelarias. Por otro lado, subrayó, busca asegurar que “quienes soliciten operaciones estén plenamente identificados, tengan la infraestructura necesaria y no tengan vínculos con quienes realicen facturaciones simuladas”. Panistas y priístas continuaron en la defensa de los agentes aduanales, a quienes la reforma hace corresponsables de delitos que cometan empresas de importación y exportación. La bancada del PAN adelantó justificó que su voto en contra es porque “no vamos a ser cómplices de esta farsa propagandística. Ustedes, los de Morena, hicieron del gobierno una franquicia de huachicol fiscal”. Luego de recordar que la procuradora fiscal, Grisel Galeano, informó que el huachicol fiscal asciende a 600 mil millones de pesos, el blanquiazul reprochó que el gobierno ha tenido “respuestas mediocres”, pues sólo han litigado defraudación fiscal por 16 mil millones, equivalentes a 2.7 por ciento, y su eficacia ha sido de solo 5 mil 928 millones, ni siquiera 1 por ciento. En el mismo tono, la bancada reprochó que los morenistas “ahora vienen a culpar en su hipocresía a los agentes aduanales de todo”, aun cuando la propia Galeano admitió en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda que “solo a ocho agentes aduanales se les ha podido acreditar alguna responsabilidad con el huachicol fiscal. Ni siquiera 1 por ciento de todos los agentes aduanales”. Por su parte, el priista Emilio Suárez Licona alertó que el huachicol fiscal es un “escándalo monumental que ha exhibido como nunca la corrupción institucionalizada que corre por el sistema aduanero del país. Hablamos de un esquema de saqueo que permitió la entrada de cientos de buque-tanques con gasolina y diésel sin pago de impuestos”. El “desfalco histórico” de 600 mil millones de pesos, agregó, es un “robo equivalente a la mitad del presupuesto del sector educativo para 2026 o 60 por ciento del gasto en salud pública”, y que ello habría dejado a miles de escuelas y hospitales sin recursos para atender a alumnos y pacientes. Frente a ello, dijo, “el gobierno presenta una reforma que, lejos de corregir las fallas que permitieron este saqueo, agrava los problemas del sistema aduanero, poniendo en riesgo la competitividad del país”. Lo anterior, aseguró, porque se justifica esta reforma “bajo el argumento de la modernización y la digitalización, pero su diseño revela un propósito distinto, centralizar el control y endurecer la fiscalización con fines meramente recaudatorios”.
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