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XALAPA.- Elementos de la Fiscalía General del Estado y personal del Ejército Mexicano realizaron un operativo conjunto la noche de este lunes, en un inmueble ubicado en la calle Oaxaca, en la colonia Progreso Macuiltépetl, en Xalapa. Las autoridades llegaron al lugar en un convoy coordinado para llevar a cabo un cateo en una vivienda situada entre las calles Veracruz y Tampico. Hasta el momento, no se ha confirmado si esta acción está relacionada con la venta de sustancias ilícitas u otro tipo de delito. Pese a la presencia policial y militar, las autoridades no han dado detalles sobre el origen del mandato judicial que autorizó el cateo, ni han informado sobre la posible incautación de objetos o sustancias. Tampoco se ha reportado si durante la intervención hubo personas detenidas o algún tipo de resistencia por parte de los ocupantes del inmueble. Lo cierto es que la falta de información mantiene la incertidumbre entre los vecinos, quienes observaron el despliegue policial sin conocer los detalles del procedimiento. La Fiscalía General del Estado mantiene hermetismo sobre el caso, a la espera de continuar con las diligencias correspondientes. La colonia Progreso Macuiltépetl, al igual que otras zonas de Xalapa, ha sido escenario de acciones policiales enfocadas a combatir delitos relacionados con el narcotráfico y otros ilícitos. Este nuevo operativo refuerza la presencia de las fuerzas de seguridad en la zona y evidencia el trabajo conjunto entre la Fiscalía y el Ejército para atender situaciones de alto riesgo. Por ahora, las autoridades continúan con las labores de investigación y peritaje en el domicilio cateado y se espera que en las próximas horas se den a conocer mayores detalles sobre los resultados del operativo...DIPUTADOS LOCALES del PVEM y PT presentaron una iniciativa para reformar el Código Penal y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Veracruz, con el fin de sancionar conductas delictivas en el entorno digital, como el acoso sexual infantil en línea, la sextorsión y la creación de contenidos manipulados con inteligencia artificial. En la quinta sesión ordinaria, el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, del PVEM, explicó que la propuesta busca “garantizar un ciberespacio más seguro y castigar el uso delictivo de las nuevas tecnologías”. Explicó que las reformas tipificarán como delito el grooming —contacto con fines sexuales hacia menores mediante engaño digital—, así como el uso de deepfakes para manipular la identidad de personas y difundir imágenes o videos sin consentimiento. “El ciberespacio ha devenido también en un nuevo dominio para la comisión de actos dañinos, donde formas insidiosas de violencia encuentran un espacio de cultivo propicio y, con frecuencia, un manto de impunidad”, aseguró Ruiz Sánchez. El diputado local sostuvo que el Estado debe actualizar su legislación ante la expansión de la violencia digital. “Existen grupos demográficos cuya condición de género, edad o situación de vulnerabilidad los expone a un riesgo magnificado”, aseguró. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “en el año 2023, el 23 por ciento de las personas usuarias de internet en Veracruz reportaron haber experimentado alguna situación de ciberacoso”, lo que coloca a la entidad en el sexto lugar nacional. El diputado advirtió que el anonimato en línea facilita la impunidad. “Cuando los agresores perciben un bajo riesgo de ser identificados y llevados ante la justicia, se perpetúa un ciclo vicioso de violencia”, expresó. La iniciativa plantea agregar el artículo 190 Undecies Bis al Código Penal, con penas de hasta ocho años de prisión para quienes contacten a menores con fines sexuales mediante engaño digital, y el artículo 190 Octodecies para sancionar con dos a ocho años de cárcel la creación o difusión de contenidos manipulados digitalmente con fines dolosos. “Los deepfakes no solo se utilizan para crear pornografía no consentida, sino también para orquestar campañas de desinformación, cometer fraudes o destruir reputaciones”, puntualizó Ruiz Sánchez. La propuesta, respaldada por las diputadas Elizabeth Morales García y Tania María Cruz Mejía, así como por los legisladores Ramón Díaz Ávila y Urbano Bautista Martínez, fue turnada a las comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales y de Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Familia para su análisis.
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