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XALAPA.- En 2023 el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya no hay empresas que emiten facturas de operaciones ficticias, simuladas o inexistentes, conocidas como “factureras”, las cuales, acusó, en sexenios pasados era toda una mafia. Aunque mintió...En los últimos tres años factureras fueron por años “la maquinaria del fraude, una industria del engaño que desvió miles de millones de pesos” y hasta la fecha “tenemos este fenómeno muy vivo”, reconoció Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Federación. Durante su comparecencia frente a comisiones de la Cámara de Diputados, la funcionaria detalló que sólo en lo que va de 2025 se ha detectado un quebranto al fisco por 5 mil 600 millones de pesos a través de estos esquemas. Mintras que de 2022 a 2025, la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó 59 denuncias por un monto defraudado que en conjunto alcanza los 54 mil 698 millones de pesos. Galeano García desglosó: en 2022 este esquema resultó en un fraude al fisco por 17 mil millones de pesos, en 2023 por más de 21 mil millones de pesos, el año pasado se redujo a 10 mil millones, pero sólo en lo que va de 2025 se tiene registro de 5 mil 600 millones de pesos que ya fueron denunciados. Al recuperar lo informado un día antes al Senado por Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, Galeano García expuso que en los últimos dos años la PFF ha presentado más de 100 querellas por huachicol fiscal. Este esquema que implica hacer pasar gasolinas por aditivos que no pagan impuestos representa un quebranto de 16 mil millones de pesos. Galeano García enfatizó que la propuesta de Ley de Ingresos de la Federación 2026 que Hacienda presentó al Congreso atiende a un “principio irrenunciable de justicia fiscal: que pague más quien más tiene, que nadie puede esconderse en lagunas legales y que la carga tributaria sea equitativa”; y “que nunca más la hacienda pública será saqueada a través de simulaciones”. El aumento de la tasa que se paga en impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a cigarros, bebidas azucaradas y con edulcorantes atiende a una medida de salud pública, sostuvieron los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. “La salud pública no es una concesión, es un derecho”, dijo el subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma Cotera. Sostuvo que más allá de una política recaudatoria, estas medidas sobre el IEPS buscan reducir el consumo de bebidas azucaradas y el peso presupuestal de las enfermedades asociadas a ello sobre los sistemas públicos de salud. Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sostuvo que en la administración pasada se recaudaron 23 billones de pesos, 24.3 por ciento superior a la del sexenio previo y 9 billones de pesos más en términos nominales. Esta inercia de aumento en los ingresos tributarios continúa en 2025. De enero a septiembre, el SAT recaudó 4 billones de pesos, 6.9 por ciento superior en términos reales a lo registrado el año pasado. También se espera que cierre 2025 por encima de la meta, con un cumplimiento de al menos 103 por ciento.
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