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XALAPA.- Será el sereno, pero cada vez suben más de tono los señalamientos en contra del rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez. Y es que, de acuerdo con Rafael Vela Martínez, aspirante a la rectoría de la UV, hay “intereses ajenos a la universidad”, que estarían impulsando que el rector continúe en el cargo. En ese tenor, denunció que, tras una investigación realizada a las finanzas de la máxima casa de estudios, se detectó un presunto subejercicio por más de 2 mil millones de pesos, los cuales acusó, presuntamente terminaron en manos del senador de Morena, Manuel Huerta. “Algunos han dicho que es muy necio (el rector), pero no es necio, ni es tan tonto, él tiene muy claro que la mayor parte de la comunidad universitaria está en su contra, y quien lo puso a él ahí, es quien está impidiendo que se retire, porque como yo lo demostré en una investigación, se incurrió en subejercicio con más de 2 mil millones de pesos anuales. La pregunta es, ¿a dónde ha ido a parar ese dinero? ¿A manos de quién? Hay hipótesis de que incluso con ese dinero que fue a parar, se argumenta a nivel de hipótesis, a manos del senador Manuel Huerta, fue con lo que se financió la campaña en contra de la misma gobernadora Rocío Nahle”, aseguró. De igual forma, aseguró que otras hipótesis señalan que todos “los infiernitos” que se están generando a lo largo del estado, se están activando con recursos que provienen de la universidad, “en otras palabras, nos están utilizando como carne de cañón a toda la comunidad universitaria”. Por lo anterior, el académico consideró que es importante que se involucre el Congreso Local para que solicite una auditoría y se verifique lo que ha pasado con el recurso de la UV; también debería intervenir la Auditoría Superior de la Federación, para que se pueda exhibir adónde ha ido a parar el dinero, “que se les ha negado a los jóvenes para sus becas, para contratar profesores, para que se abran las experiencias educativas, y que los están retrasando y retrasando durante más de cinco años en sus estudios de licenciatura”, aseguró. Por otro lado, Vela Martínez acusó que el rector de la UV intensificó la represión en contra de estudiantes, académicos, investigadores y trabajadores que han manifestado su inconformidad por la prórroga de su administración. Según los testimonios recabados, el rector ha recurrido a amenazas, intimidaciones y coacción para desalentar la participación en las protestas que se han hecho en distintos campus de la máxima casa de estudios de Veracruz. Esta estrategia, aseguró el académico, “es vergonzosa”, además de que acusó a Aguilar Sánchez de responder a un grupo de poder ajeno a la propia Universidad, y de operar para mantenerse en el cargo más allá de los plazos que marca la normatividad interna. En este contexto, dijo que se han abierto tres frentes de acción para echar abajo la prórroga que, asegura, se concedió de manera irregular. El primero es una demanda de amparo presentada ante el Poder Judicial de la Federación. “En esta vía legal acusan a la Junta de Gobierno de la UV de haber violado derechos constitucionales y de alterar la legalidad universitaria al autorizar la extensión del mandato del rector. La denuncia plantea que la Junta no tiene facultades para modificar la ley universitaria ni para reinterpretarla a conveniencia, por lo que se busca que la justicia federal determine la nulidad de la prórroga”. Un segundo escenario involucra al Congreso del Estado que, de acuerdo con los quejosos, es la única instancia con atribuciones para interpretar la legislación en materia universitaria. “No puede ser la Junta de Gobierno la que haga una interpretación de la ley; quienes crean y modifican las leyes son los diputados”, refirió. En días recientes, afirmó que se reunió con Esteban Bautista, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local y se prevé que la Legislatura pueda emitir una postura o incluso avanzar hacia una interpretación formal de la ley que ponga freno a la decisión de la Junta de Gobierno. El tercer camino contempla la movilización social y política, a través de la cual estudiantes y miembros de la comunidad universitaria han mantenido protestas y asambleas informativas. Pese a las presuntas amenazas y presiones, los organizadores afirmaron que continuarán con sus actividades de resistencia para exigir el respeto a la autonomía universitaria y a la normatividad vigente. Como parte de este proceso, se ha marcado como el 15 de octubre, día en que el Poder Judicial de la Federación tiene programada la audiencia en la que se definirá la situación jurídica de la demanda que él mismo interpuso, aseguró. De este fallo dependerá si el amparo prospera y si se revierte la decisión de la Junta de Gobierno, lo que podría reconfigurar el escenario político y administrativo en la Universidad Veracruzana. Mientras tanto, las denuncias por presunta intimidación y coacción han encendido las alarmas en amplios sectores de la comunidad académica. Estudiantes y docentes han manifestado su preocupación por el clima de hostigamiento que, aseguran, busca frenar la libre expresión y la defensa de la legalidad. En tanto, alumnos universitarios de facultades en el campus Sumidero denunciaron esta situación como un retroceso en materia de derechos universitarios, pues temen represalias por participar en manifestaciones o por emitir opiniones contrarias a la actual administración. Los inconformes insistieron en que la autonomía universitaria no debe ser entendida como una carta blanca para que las autoridades internas tomen decisiones discrecionales sin el contrapeso de los poderes del Estado. “El Congreso es el único que puede interpretar la ley, no la Junta de Gobierno”, reiteraron, confiados en que la intervención legislativa y la resolución judicial del 15 de octubre permitan frenar lo que califican como una violación a la normatividad y a los principios que rigen a la máxima casa de estudios. En las próximas semanas, la atención se centrará en los diputados del Congreso local, quienes pueden asumir un papel decisivo en la defensa de la legalidad universitaria. Por su parte, José Luis Cuevas Gayosso aseguró que los seis juicios de amparo que fueron promovidos en contra de la prórroga que otorgó la Junta de Gobierno al rector Martín Aguilar Sánchez continúan vigentes en su tramitación. Al participar en la 1ª Asamblea General de la Red UV por la Legalidad, que tuvo lugar en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UV, el catedrático de la Facultad de Derecho reconoció que se debe tener mucha paciencia, pues podrían no resolverse pronto, aunque el resultado podría ser positivo. Dijo que los actos reclamados son las omisiones y violaciones legales por parte de la Junta de Gobierno y del rector, al permitir que continúe por un periodo más en el cargo. “Primero que nada, los amparos son por la omisión del deber legal por parte de la Junta de Gobierno, de publicar la convocatoria, esa es la omisión central que está en varios de los amparos promovidos; otro es por la inconstitucionalidad del procedimiento de la prórroga y el quitarles el derecho a los aspirantes de participar en la convocatoria que debió emitir la Junta de Gobierno; y la inconstitucionalidad de los acuerdos de la Junta de Gobierno, tomados en sesiones extraordinarias, en las que se creó este procedimiento fuera del marco legal”. Precisó que la prórroga no tiene sustento legal, por lo que es una violación clara, tras una indebida y excesiva interpretación a la ley, que establece con claridad cuál es el procedimiento para nombrar a un rector. Refirió que, si en algunos casos les negaron la suspensión provisional o definitiva, se debe a que si se las hubiesen otorgado, la universidad habría quedado sin una persona representante que pudiera tomar todas las acciones que requiere de carácter legal. Sin embargo, en la mayoría de los amparos, los propios jueces hicieron una observación. “Ellos mencionan que se negaron las suspensiones, sin embargo, precisan que la negación de la suspensión definitiva, de ninguna manera significa que el procedimiento mediante el cual se otorgó prórroga al actual rector se haya realizado conforme a los parámetros constitucionales y legales. Este fue un gran aliento para las personas que recibimos esta resolución, ya que de ninguna manera significa que se esté resolviendo sobre eso. Y concluye con que este aspecto será analizado al dictar la sentencia en el juicio”. Así las cosas.
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